-Hay voluntad pero no hay dinero-
El parque vehicular de motocicletas en México continúa al alza; de acuerdo con cifras del INEGI, en el país hay 4 millones 83 mil 422 motocicletas registradas, de las cuales, alrededor del 15 por ciento es usado por repartidores de comida, mensajeros, o mototaxis.
Solo en la Ciudad de México, el número de motocicletas se cuadruplicó en una década, al pasar de un millón 80 mil unidades a poco más de 4 millones en 2018. De acuerdo con un reportaje publicado por Pasajero7, con la información que presenta la plataforma mundial MotorCycles Data (McD), las ventas de motocicletas en México durante el primer trimestre del 2021 aumentaron 26.8%, siendo este porcentaje “el mejor de la historia” en este segmento.
Un análisis reciente elaborado McD, refiere que el mercado mexicano de motocicletas ha sido uno de los mejores a nivel mundial en la última década, a pesar de los estragos económicos por el Covid-19; el aumento en la demanda de vehículos de dos ruedas podría alcanzar récords señala el estudio.
Este incremento en el número de motocicletas puede deberse a diversos factores, uno de ellos es la incorporación al mercado laboral de repartidores a través de aplicaciones, principalmente para alimentos como Uber Eats, Didi Food, Rappi, etc.
Pese al incremento en el número de personas que brindan sus servicios mediante aplicación, los repartidores siguen siendo un sector que se ha visto rezagado en cuanto a sus derechos laborales y prestaciones de ley como atención médica, aguinaldo, vacaciones, etc.
Esta realidad ya alcanzó al congreso mexicano, cuyos legisladores han mostrado voluntad para impulsar reformas en la materia, sin embargo, desde el recinto legislativo de San Lázaro, reconocen que no hay recursos para ello (regularización laboral).
Solo en lo que va de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados, las bancadas del PAN y de Morena, han presentado cinco iniciativas, por separado, para garantizar seguridad social para las y los empleados que trabajan en plataformas digitales.
El Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo y de la Previsión Social, en su Artículo 123, señala que “toda persona tiene derecho al trabajo digno”, sin embargo, la precariedad e informalidad en la que laboran los empleados de aplicaciones no garantiza el acceso a un salario mínimo, prestaciones de seguridad social como seguro de riesgos de trabajo, jubilación y vivienda, así como vacaciones, entre otros derechos.
Además de ello, los repartidores de comida rápida han denunciado que se encuentran sometidos indistintamente si es Uber, Didi o Rappi la aplicación, a condiciones laborales precarias y en donde tienen el peligro de sufrir accidentes viales y asaltos sin que se les preste algún tipo de ayuda.
Desde el año 2014, no existen actualizaciones sobre el número de accidentes de motocicleta en México. En ese entonces, el INEGI contabilizó 41 mil 881 percances en vehículos de dos ruedas, lo que equivale a 34.98 accidentes por cada 100 mil habitantes.
Lamentable accidente enciende alertas
El 27 de noviembre de 2018, a partir de la muerte de José Manuel Matías, repartidor que fue atropellado por un camión de basura en Eje 5 y Periférico, en la Ciudad de México, mientras entregaba un pedido, surgió el movimiento “#Ni un Repartidor Menos”, que busca poner la atención del público en la serie de riesgos a los que están expuestos los repartidores que trabajan con estás aplicaciones sin contar con algún respaldo jurídico.
En esa materia, el 27 de noviembre de 2019, en una rodada realizada desde el Ángel de la Independencia al Eje 5 en la capital del país, cientos de repartidores lanzaron un pliego petitorio que incluía:
1. Ser reconocidos como trabajadores y no como “socios”; 2. Que las aplicaciones mejoren la protección ante situaciones de riesgo; y, 3. Que los legisladores regulen la relación laboral entre aplicaciones y trabajadores digitales para contar con prestaciones.
Como parte de las iniciativas que han impulsado atender esta materia, las diputadas Genoveva Huerta Villegas (interpuso ya dos propuestas) y Paulina Rubio, del PAN, así como Lidia Bárcenas y Laura Imelda Pérez, de Morena, proponen que toda persona que labore mediante una plataforma de tecnología digital, ya sea para brindar servicios de transporte, de logística, de reparto o similares, utilizando algún dispositivo electrónico y/o aplicaciones móviles, “gozará de todos los derechos consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Se obliga a los patrones a otorgar prestaciones de seguridad social, así como a la contratación de un seguro contra accidentes y de vida en beneficio de los trabajadores.
Los diversos proyectos de reforma también mandatan que los trabajadores de las plataformas digitales podrán organizarse en sindicatos para la mejor defensa de sus derechos laborales y celebrar un Contrato Colectivo de Trabajo con los empleadores, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.
Hay disposición, pero no hay dinero
Pese a la voluntad que existe en la materia, la Vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, dijo a Pasajero7 que se requiere de un proceso de evaluación, toda vez que aún se requiere saber el total de recursos que serían necesarios, así como el método de obtención.
“Nos gustaría sacarla para este periodo, pero falta que hagamos esta revisión; hemos encontrado anuencia de diversos grupos y comenzaremos con una serie de reuniones para revisar todo lo que respecta al tema en materia de seguridad social, así como el paquete económico en conjunto con la procuraduría fiscal, etcétera”, detalló.
Por su parte, la legisladora panista Genoveva Huerta, expresó que “hay maneras”, ya que su propuesta no tiene impacto presupuestario.
“Si la excusa para que no pase la propuesta son los recursos, pues hay formas, con mi propuesta no se necesitan recursos porque se plantea que paguen el IMSS las propias personas beneficiarias. Desde Morena han argumentado que no puede pasar porque sería un cargo más fuerte para las arcas del IMSS, pero yo no propongo que se brinde el servicio gratuito, sino que los beneficiarios puedan pagar su propia seguridad social, pero si no ha pasado es por culpa de Morena”, afirmó.
De acuerdo con la titular de la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, se calcula que existen cerca de medio millón de trabajadores en este sector. Ante esto, la funcionaria considera fundamental que exista un marco jurídico, una propuesta legislativa discutida en el Congreso, para establecer las bases sobre las cuales debe prestarse este trabajo.
Un día como Uber Eats, Didi Food o Rappi
El peligro de ser arrollado por algún vehículo y las condiciones climáticas, son algunas de las situaciones que tiene que sortear un repartidor dentro de su jornada laboral, la cual habrá de concluir ocho o doce horas después de la primera entrega.
“Aquí la ganancia es variada, no hay un ingreso fijo, depende de cuántas entregas realices a la semana, qué tan bueno o no estuvo un día, normalmente cuando llueve es cuando más pedidos se entregan, pero también cuando más peligroso es”, señaló Mauro Martínez, quien hace base a la espera de algún pedido, en las inmediaciones de la Plaza Cuicuilco de la CDMX.
Luego de días de trabajo, Mauro verá reflejado en sus ingresos entre dos mil y tres mil pesos en una semana; a su vez, reconoce que, si bien no cuenta con ninguna prestación, la plataforma le permite obtener liquidez en pocos días.
