La propuesta fue presentada por la diputada local Cynthia Citlali Delgado Mendoza, quien planteó modificar los artículos 15, 69, 70 y 128 de la legislación estatal. El objetivo, explicó, es actualizar las disposiciones ante el crecimiento del uso de motocicletas y los riesgos asociados con su circulación.
La legisladora sostuvo que las políticas públicas deben priorizar la protección de la vida y la integridad física de quienes utilizan este medio de transporte, tanto para sus desplazamientos cotidianos como para actividades laborales.
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En su exposición, argumentó que las motocicletas representan una alternativa de menor costo de adquisición y operación, además de facilitar los traslados en contextos de congestión vial. Sin embargo, su creciente presencia en las calles también exige medidas de prevención acordes con las condiciones actuales de siniestralidad.
“La Ley reconoce al tránsito y seguridad como actividad de interés público y la protección de la vida humana e integridad psicofísica como una prioridad para las medidas de prevención de hechos de tránsito”, manifestó.
Delgado Mendoza aclaró que la iniciativa no busca restringir de manera general el uso de estos vehículos, sino establecer disposiciones puntuales para disminuir los riesgos durante los desplazamientos.
“Esto no parte de considerar a la motocicleta como un problema en sí mismo, sino que la presencia exige una respuesta normativa acorde a la magnitud de características actuales de siniestralidad de las personas usan este medio, que lo hagan en condiciones más seguras”, señaló.
Cascos certificados
Entre las medidas planteadas destaca la obligación de que conductores y acompañantes utilicen cascos que cumplan con las especificaciones de seguridad, correctamente ajustados y abrochados. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en sanciones conforme a la normativa.
La iniciativa también establece la prohibición de transportar a menores de 12 años en motocicletas, incluso cuando utilicen casco, así como llevar a niñas y niños en brazos mientras se conduce. Ambas conductas serían consideradas infracciones graves.
De acuerdo con la legisladora, estas disposiciones buscan reforzar la protección de los pasajeros, particularmente de la población infantil, y ampliar las herramientas de las autoridades para prevenir hechos de tránsito.
La propuesta fue presentada ante el Congreso local y plantea una revisión del marco jurídico vigente para adecuarlo a las condiciones de movilidad y seguridad vial que enfrenta Hidalgo.
