Los retrasos en pagos y las condiciones financieras bajo las que opera actualmente el sistema Va y Ven comienzan a generar señales de alerta entre empresas concesionarias del transporte público en Yucatán, que advierten posibles afectaciones operativas si no se revisa de fondo el esquema económico del modelo.
Un grupo de once empresas concesionarias solicitó atención inmediata al Gobierno del Estado y a la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) ante un adeudo acumulado superior a 189 millones de pesos, correspondiente —aseguran— a 45 días legales de pago pendientes por la prestación del servicio.
Las compañías involucradas concentran 487 unidades en operación, equivalentes a cerca del 70% de la flota del sistema Va y Ven, por lo que sostienen que la situación financiera ya no corresponde a casos aislados, sino a una presión estructural sobre el modelo de movilidad implementado en la entidad.
En un posicionamiento conjunto, los concesionarios señalaron que el debate público generado en torno al Circuito Metropolitano debe analizarse bajo criterios técnicos y financieros más amplios.
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“Cuando se cuestiona la forma en que opera una concesionaria bajo el esquema vigente, también se está cuestionando el modelo bajo el cual operamos todos”, señalaron las empresas.
Los transportistas explicaron que, bajo el esquema actual, los usuarios no pagan directamente a los concesionarios, sino que los ingresos dependen de los flujos administrados por la autoridad estatal. De estos recursos dependen gastos diarios como combustible, salarios de operadores, mantenimiento, seguros y financiamiento de unidades.
Uno de los principales puntos de conflicto es el precio por kilómetro reconocido actualmente por el sistema, fijado en 31 pesos. Según los concesionarios, el incremento en costos operativos —particularmente combustible y mantenimiento— ha rebasado los parámetros contemplados originalmente en el modelo financiero.
De acuerdo con las empresas, el esquema vigente reconoce 9.52 pesos por kilómetro para combustible; sin embargo, aseguran que el aumento en el precio del diésel y las condiciones reales de operación han modificado de manera importante los costos diarios del servicio.
También cuestionaron que el concepto de “kilómetro garantizado” sea interpretado automáticamente como servicio no prestado o cobro indebido, al sostener que dicho mecanismo forma parte de la estructura operativa del sistema para mantener disponibilidad de unidades, reserva técnica y continuidad del servicio.
Además, recordaron que la programación de rutas y kilómetros corresponde a la Agencia de Transporte de Yucatán, por lo que cualquier diferencia entre kilómetros recorridos, programados o garantizados debe revisarse con documentación técnica completa.
Ante este escenario, los concesionarios solicitaron instalar una mesa técnica y financiera urgente con autoridades estatales para revisar pagos pendientes, actualización del precio por kilómetro, condiciones laborales de operadores, costos reales de operación y mecanismos que permitan evitar afectaciones futuras al servicio.
“No se trata de confrontar a la autoridad ni de afectar a la ciudadanía. Se trata de reconocer que el transporte público requiere certeza financiera, reglas claras, pagos oportunos y corresponsabilidad”, puntualizaron.
Entre las empresas que reportan mayores adeudos se encuentran Minis 2000, con más de 43 millones de pesos pendientes; Minibuses del Mayab, con 24 millones; además de Transportes Urbanos de la Península y Circuito Metropolitano, ambas con más de 15 millones de pesos reportados.
