La XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó este miércoles una serie de reformas a la Ley de Movilidad con las que se establece el marco jurídico para la creación de un Sistema Integrado de Transporte en la entidad. La medida busca transformar el modelo actual del servicio público, con el objetivo de mejorar su planeación, operación y cobertura en beneficio de la población.
Uno de los cambios centrales permite que el Gobierno del Estado participe directamente en el diseño y operación de rutas de transporte urbano, a través de convenios de coordinación con los ayuntamientos. Con este esquema se pretende articular un modelo más ordenado que permita responder de manera más eficiente a las necesidades de movilidad en los distintos municipios.
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Durante la discusión en el pleno legislativo, el diputado Rubén Carrillo Buenfil, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), explicó que la reforma busca corregir la fragmentación que actualmente caracteriza al servicio de transporte en diversas regiones del estado.
El legislador señaló que hoy existen diferencias importantes en cobertura, calidad del servicio y planeación de rutas, lo que genera desigualdades en el acceso al transporte público entre distintas zonas urbanas y comunidades.
La reforma también plantea que el nuevo modelo contribuya a garantizar el derecho humano a la movilidad bajo estándares de calidad, con una mayor cobertura territorial y una planeación más eficiente de las rutas. Con ello se busca mejorar la conexión entre áreas urbanas y localidades que actualmente cuentan con oferta limitada de transporte.
En materia regulatoria, la modificación legal incorpora reglas más claras para la asignación de concesiones, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a los prestadores del servicio y fortalecer la transparencia en los procesos administrativos.
Asimismo, se establece que los recursos destinados al transporte público deberán mantenerse sin retrocesos presupuestales, al quedar respaldados dentro del marco constitucional.
Otro de los puntos considerados en la reforma es garantizar la continuidad del servicio durante la transición hacia el nuevo Sistema Integrado de Transporte. Para ello, se contemplan mecanismos que permitan implementar el nuevo modelo de manera gradual, evitando afectaciones a los usuarios.
Con estas modificaciones, el Congreso local busca sentar las bases para el desarrollo de un sistema de transporte público más coordinado, accesible y centrado en las necesidades de movilidad de la población en Quintana Roo.
