Por: Cristela Gutiérrez
La evasión del pago en el transporte público no es una “travesura”, sino un fenómeno estructural que impacta directamente la sostenibilidad financiera, la planeación operativa y la calidad del servicio. Así lo advirtieron el consultor en transporte público Jorge Coxtinica Aguilar y el director adjunto de Servicios Operativos de Grupo CISA, Mario Leonardo Nieto, al analizar las causas y efectos del no pago en sistemas urbanos, durante el panel Control y Cultura: El reto de la evasión, que se realizó en Diálogos de Movilidad de Pasajero7.
“La evasión pone en riesgo la operación y la existencia misma del servicio”, sostuvo Coxtinica. Recordó que los sistemas subsisten a partir de sus ingresos y que mermarlos impacta mantenimiento, renovación de flota y salarios. Citó el caso de Ruta 100 en la Ciudad de México, donde la insuficiencia de ingresos derivó en un deterioro progresivo que terminó por colapsar el modelo.
Nieto explicó que la evasión puede clasificarse como el no pago total del pasaje o como “elusión”, cuando el usuario paga menos de lo que corresponde, por ejemplo, al suplantar perfiles con subsidio. En sistemas BRT es medible mediante la diferencia entre validaciones en torniquetes y abordajes registrados por sensores. En algunos casos, los niveles han sido críticos: “En Bogotá alcanzamos cerca del 30%: tres de cada diez pasajeros no pagaban”, detalló.
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El impacto es doble. Por un lado, reduce ingresos en un sector que ya opera con subsidios de entre 30% y 50% de sus costos. Por otro lado, distorsiona la programación del servicio. “Sí transporto 100 pasajeros pero sólo veo 70 en validaciones, programo oferta para 70. Eso incrementa la percepción de saturación”, explicó Nieto.
En el transporte concesionado, donde el riesgo de demanda lo asume el operador, el efecto es aún más severo. A la caída sostenida de pasajeros se suma el menor recaudo por evasión, configurando —según Nieto— “el peor de los escenarios para cubrir los costos de operación”.
¿Por qué evade el usuario?
Ambos especialistas coincidieron en que las causas son multifactoriales. Octimica señaló que las tarifas sociales y el alto peso del transporte en el gasto de los hogares —especialmente en zonas metropolitanas— pueden incentivar el no pago. “Cuando se siente amenazado en sus ingresos, el usuario recurre a la evasión”, afirmó.
Nieto añadió otros factores: percepción de mala calidad, discursos que desacreditan al sistema y la baja probabilidad de sanción. “Si el usuario ve que puede viajar gratis y no pasa nada, eso eleva la evasión”, puntualizó.
¿Cómo mitigar el fenómeno?
Las soluciones, coincidieron, deben ser integrales. Tecnología, supervisión y sanciones son componentes indispensables. Octimica recordó que en los primeros años de operación de Metrobús se mantuvieron niveles de evasión entre 3% y 5% gracias a presencia policial y control en estaciones. “La supervisión directa sigue siendo una de las mejores formas de reducirla”, dijo.
Nieto enfatizó que las campañas culturales son necesarias, pero insuficientes sin un esquema claro de sanciones. También planteó revisar la estructura tarifaria para encontrar un punto de equilibrio que reduzca incentivos a evadir sin desfinanciar el sistema. “La solución tiene que ser estructural y adaptada a cada ciudad y modelo operativo”, concluyó.
El consenso es claro: la evasión no sólo afecta a empresas, sino también a usuarios y gobiernos. Postergar su atención implica perder margen financiero y calidad de servicio en un sector estratégico para la movilidad urbana.
