Escrito por: Ursula Guadalupe Salinas Salinas,
Estudiante de la Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio de la UdeG.
En el discurso de la educación como derecho, pocas veces se visibiliza cómo la movilidad puede convertirse en una barrera estructural. Esta reflexión cobra aún más relevancia cuando se parte de una investigación en curso que analiza el caso del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, donde se está desarrollando una propuesta de transporte escolar sustentable como alternativa ante una problemática de larga data.
CUCBA es un campus alejado, sin conexión directa con rutas troncales de transporte público, rodeado de áreas periurbanas con servicios urbanos limitados. En este escenario, la distancia se convierte en exclusión social, y la falta de transporte eficiente reproduce la desigualdad entre quienes pueden acceder a la educación y quienes no.
Ubicado en el noroeste de Zapopan, el CUCBA enfrenta desde hace años una problemática persistente de inaccesibilidad. El recorrido diario de cientos de estudiantes implica trasbordos múltiples, esperas largas, inseguridad y altos costos. Para muchos, el solo hecho de llegar al aula implica un gasto mensual que supera los mil pesos, además de invertir hasta cuatro horas al día en traslados. Las consecuencias son alarmantes: de acuerdo con una encuesta aplicada en el campus, el 60% de las causas de deserción escolar están relacionadas con factores de movilidad.
Pese a que esta problemática ha sido señalada reiteradamente por la comunidad universitaria, el gobierno estatal ha fallado en garantizar una política de movilidad que contemple a los centros educativos periféricos. Las rutas de transporte público se diseñan sin considerar la ubicación de estos espacios de formación, y los proyectos de infraestructura metropolitana rara vez priorizan el acceso a la educación superior. Frente a esta omisión, ha sido la propia Universidad de Guadalajara (desde sus limitaciones presupuestales) quien ha impulsado alternativas parciales, como rutas universitarias y sistemas propios de movilidad.
El acceso desigual al transporte público en zonas escolares periféricas, como el CUCBA, se ha convertido en una barrera estructural que limita el derecho a la educación, provocando deserción escolar.
Aprendizajes y límites del modelo CUTonalá
Una de estas experiencias es la del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá). Si bien ha significado un paso importante hacia la equidad en el acceso, lo cierto es que el modelo actual presenta deficiencias operativas que han sido ampliamente señaladas por estudiantes.
En este sentido, esta iniciativa busca corregir problemas de cobertura limitada, baja frecuencia de las rutas y desarticulación con otras formas de transporte público. Por ello, la propuesta para CUCBA se construye a partir de los aprendizajes —y también de las limitaciones— del caso CUTonalá, apostando por una solución más eficiente, escalable y centrada en las necesidades reales del estudiantado.
Transporte escolar para la equidad universitaria
El diseño para el CUCBA contempla una flota inicial de entre 8 y 12 unidades híbridas o eléctricas, con capacidad para 30 a 40 personas cada una, que operen en horarios pico (entrada y salida de clases).
Las rutas estarían orientadas a atender las zonas que concentran mayor número de estudiantes con dificultades de acceso, principalmente en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara, incluyendo colonias y comunidades de Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara capital, donde los trayectos suelen ser los más largos, costosos e inseguros.
Según estimaciones realizadas con apoyo de la Coordinación de Servicios Generales del CUCBA, más de 3 mil estudiantes podrían beneficiarse directamente del sistema al contar con un transporte directo, económico y seguro hacia el campus.
Viabilidad y desafíos
Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable: la demanda potencial es alta y la infraestructura vial lo permite. Sin embargo, la falta de compromiso estructural del gobierno estatal con este tipo de soluciones sigue siendo el principal obstáculo. Se requerirá no solo voluntad universitaria, sino presión institucional para que las autoridades estatales asuman la responsabilidad de garantizar el acceso al transporte como un derecho vinculado a la educación.
Este modelo también plantea la posibilidad de escalar a otros centros universitarios de la UdeG, adaptando rutas, unidades y horarios a los contextos específicos. Esto permitiría que la universidad dé un paso contundente hacia una red de movilidad propia, equitativa y sustentable.
La propuesta de un sistema de transporte escolar sustentable para el CUCBA, con unidades híbridas o eléctricas, busca garantizar la equidad universitaria, aunque enfrenta como principal reto la falta de compromiso del gobierno estatal para asumir el transporte como un derecho vinculado a la educación.
Conclusión
El caso del CUCBA muestra cómo el transporte puede ser más que un medio: puede convertirse en un muro. Cuando el acceso a la universidad depende del código postal, del dinero en la cartera o de la cantidad de transbordos, no hablamos solo de movilidad, sino de desigualdad estructural.
Construir una ruta de transporte escolar no es un lujo: es una herramienta de justicia social. Este proyecto, nutrido por experiencias anteriores pero también por nuevas ideas críticas, busca abrir caminos hacia una universidad verdaderamente accesible para todas las personas, sin importar de dónde vienen ni cuán lejos estén.
