Para evitar que colapsen los sistemas de transporte público en el país, es necesario implementar un esquema de apoyos federal que contribuya a la reactivación financiera, económica y social del transporte público, señalan integrantes de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, WRI México y ANPACT.
De acuerdo con un estudio realizado en 10 de las principales ciudades de México, la baja en la demanda del servicio de transporte público es del 60%, esto podría generar pérdidas que alcanzarán los 9 mil 800 millones de pesos, por lo que es urgente implementar un plan de apoyos.
Además, la baja en la demanda ya se refleja en la disminución de unidades ofreciendo el servicio, y por lo tanto en el bolsillo de los usuarios, pues de acuerdo al estudio a menor frecuencia de autobuses optan por otros modelos de movilidad que les implica un gasto mayor de entre un 20 a un 50%.
“Y hablamos que quienes más utilizan el transporte público son las familias con menos de 7 mil pesos de ingresos mensuales”, señaló Fernando Páez, director de operación del WRI México.
El estudio señala que del transporte público dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductores de unidades de transporte), y que representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas, las cuales se estima que constituyen el 75 por ciento de la organización del sector.
Los especialistas, reconocieron que los transportistas atentos al cuidado de la salud de los mexicanos, múltiples sistemas de transporte público colectivo han implementado medidas de higienización, esfuerzos para generar viajes con sana distancia y otras medidas que ayuden a evitar la propagación del virus, como la protección del personal operativo más vulnerable. Sin embargo, el sector, integrado por sus conductores y operadores principalmente, y los usuarios están enfrentando crecientes retos y riesgos que es indispensable atender.
Y llamaron a generar una Política Nacional de Movilidad, que contemple como un rubro al transporte público y un plan de contingencias que contemple el apoyo de los gobiernos federal y estatal.
“En el marco de la contingencia, esto no se puede dejar solamente en responsabilidad estatal o de los empresarios, esto requiere la concurrencia del Gobierno Federal, pues los estados y empresarios no podrían solos”, señaló Páez.
Riesgos del sector
Se indicó que han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio. Se prevé que, en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta el 40 por ciento del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9 mil 800 mdp a nivel nacional; poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema
El segundo componente en riesgo es el total de puestos de trabajo relacionados con el sector. Se calcula que, en promedio, el sector emplea a 1.5 conductores por cada vehículo en operación, y que existe un 40 por ciento adicional de otros puestos de trabajo asociados al sector. A nivel nacional, comparando el dato obtenido en el análisis sobre los empleos del transporte colectivo urbano y suburbano, estos superan 3.5 veces los empleos acumulados del transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril, reportados por el INEGI.
El tercer componente en riesgo es el retroceso en los procesos de modernización del transporte. El 75 por ciento del sector se organiza en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, altamente sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital, que representa el 20 por ciento de sus costos totales. El 40 por ciento de las unidades de transporte que operan en las ciudades encuestadas continúa siendo sujeto al pago de créditos, por lo que la falta de liquidez condiciona el cumplimiento de sus obligaciones.
El impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser incluso mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector, que va desde la fabricación y venta de autopartes, los servicios de mantenimiento, el comercio de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, sólo por mencionar algunos.
Los retos
El reto particular de este sector, en un contexto que pone en riesgo su sostenibilidad financiera, es que es esencial que su operación continúe. Se recomienda que las acciones de política prioricen la permanencia de los puestos de trabajo incluyendo los conductores, procurando ahorros dentro de los costos operativos y no fijos; que garanticen la provisión de un servicio regular, principalmente para quienes realizan labores en el marco de la emergencia y no cuentan con los recursos para sustituir este modo de transporte o para los que sustituirlo les resulta altamente costoso o simplemente imposible.
“De no tomarse acciones durante la presente contingencia aumenta la probabilidad de que concesionarios y operadores busquen optimizar sus recursos en la prestación del servicio, menos autobuses, rutas, frecuencias y cobertura para la población usuario del transporte con sus impactos derivados en salud y economía”, señalaron.
Recomendaciones
En este escenario es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones:
- Reconocer al transporte público colectivo como un componente esencial para la superación nacional del impacto de la crisis sanitaria, así como sus dimensiones sociales y económicas. Se requiere una visión de Estado, una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.
- Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector.
- Asignar fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes, que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.
- Diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público, que consideren las necesidades de las distintas ciudades y los diferentes tipos de modelos de operación de transporte público colectivo, siendo los más importantes por su participación en el sector el modelo hombre-camión, el modelo de cooperativas y las pequeñas empresas.
- Priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes para la aplicación de los recursos de emergencia, como son las cuentas concentradoras de recursos, los sistemas de recaudo, las tarjetas personalizadas para estudiantes y personas de la tercera edad.
- Prever la recuperación del sector, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas sino la inversión que reactive su transformación y mejora.
- Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.
Podría interesarte: Cae 41.9% venta de vehículos pesados en el mes de marzo
