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Durante la sesión del 11 de marzo, el Pleno del máximo tribunal determinó que estas medidas responden a la gravedad de los delitos, ya que no solo afectan el patrimonio de las víctimas, sino que también generan violencia, impactan el estado psicológico de los usuarios y aumentan la percepción de inseguridad entre quienes utilizan el transporte público de forma cotidiana.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, las penalizaciones vigentes —que ahora cuentan con el respaldo de la Corte— establecen penas de 6 meses a 2 años de prisión para el robo básico, cuando el valor de lo sustraído no supera 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En tanto, el robo con violencia puede ser castigado con entre 8 y 12 años de prisión, mientras que el robo cometido en transporte público contempla sanciones de 9 a 15 años, aunque actualmente el rango puede alcanzar entre 12 y 18 años de cárcel.
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A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la SCJN señaló que las agravantes se consideran proporcionales, ya que buscan establecer castigos acordes con la gravedad del ilícito y con las condiciones en que se comete.
El tribunal también destacó que estos delitos afectan diversos bienes jurídicos, además de representar un problema delictivo de alta incidencia que impacta tanto la economía estatal como la seguridad pública, particularmente en el sistema de transporte que utilizan millones de personas cada día.
