México presenta una dicotomía territorial, por un lado, grandes concentraciones urbanas, y por otro una amplia extensión de territorio rural. Es en este contexto que el contenido de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) publicada en 2022 cobra relevancia, específicamente por su propósito de priorizar a las regiones en función de su grado de urbanización.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una localidad rural es catalogada así cuando ésta tiene menos de 2 mil 500 habitantes, mientras que una localidad urbana supera dicha cifra. Bajo este criterio, en México se reportaron 185 mil 253 localidades rurales y 4 mil 189 localidades urbanas, sin embargo, solo el 21% de la población mexicana reside en el ámbito rural.
Precisamente el ámbito rural suele estar caracterizado por la existencia de caminos locales en mal estado, que a su vez se ven comprometidos recurrentemente por eventos climatológicos; acceso limitado a modos de transporte eficientes; y en una conectividad deficiente con el resto del país.
Con la publicación de la LGMSV podría presentarse un cambio en este escenario. Con su artículo 31. De la Infraestructura Vial, donde se pone de manifiesto la urgencia de atender a las poblaciones más vulnerables, dándole prioridad a las rurales sobre las urbanas, es decir, basada en su grado de urbanización.
No obstante, la falta de infraestructura vial va más allá de comprometer un simple y necesario traslado. Impacta en el desarrollo económico, limita el comercio y el acceso a oportunidades laborales. Afecta la salud y la educación, al complicar el acceso a hospitales y escuelas. Además, puede suponer una desventaja para la práctica de actividades de esparcimiento. Adicionalmente, ensancha la brecha socioeconómica entre el mundo rural y el urbano. Por ello, el enfoque del artículo 31 de la LGMSV no solo es pertinente, sino que se vuelve imperativo.
Con una mejor infraestructura vial, las localidades rurales tendrían la oportunidad de integrarse de manera más efectiva a la dinámica nacional. Podrían acceder a mercados más amplios, mejorar sus oportunidades de educación y salud, y potenciar su desarrollo local. Pero, como toda propuesta ambiciosa, viene acompañada de desafíos y de cuestionamientos.
Por un lado, desde la parte de los desafíos, la geografía complicada, el presupuesto y, sobre todo, la necesidad de generar confianza en localidades que, en ocasiones, han sido marginadas o desplazadas por proyectos anteriores, son algunos de los obstáculos que requerirán soluciones innovadoras.
En cuanto a los cuestionamientos dado los impactos significativos que se podrían dar en la vida comunitaria, el entorno y la cultura local. Por ejemplo:
- Desplazamiento del consumo local: La introducción de carreteras y otras infraestructuras puede facilitar el acceso a bienes y servicios de áreas urbanas, lo que podría llevar a una preferencia por productos foráneos en lugar de los locales.
- Turismo descontrolado: Una mejor accesibilidad podría atraer a un mayor número de turistas, lo cual, si no es gestionado adecuadamente, podría llevar a la explotación y degradación de recursos naturales y culturales locales.
- Cambio cultural: La mayor conectividad con zonas urbanas puede llevar a una rápida urbanización cultural, donde las tradiciones, idiomas y formas de vida locales pueden diluirse o perderse en favor de las tendencias urbanas.
No obstante, tanto los desafíos como los cuestionamientos se atienden mediante un constante proceso participativo y del conocimiento del contexto de cada localidad. Es decir, al estar ejecutando los principios del artículo 31 de la LGMSV se deberá prever:
- Planificación participativa: Es fundamental involucrar a la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Ellos son los principales afectados, y su voz y perspectiva pueden ayudar a encontrar soluciones equilibradas y sostenibles.
- Desarrollo sostenible: Adoptar un enfoque de desarrollo que considere aspectos económicos, sociales y ambientales. Esto puede incluir la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, turismo responsable y producción local.
- Educación y capacitación: Empoderar a la comunidad a través de la educación, capacitándose en habilidades relevantes para adaptarse a los cambios, pero también para aprovechar las oportunidades que puedan surgir.
- Promover el consumo local: Implementar programas que fomenten el consumo de productos y servicios locales, como mercados de agricultores, festivales culturales y campañas de promoción.
- Regulaciones y políticas: Establecer regulaciones claras sobre el uso de la tierra, la construcción y otras actividades, que protejan el patrimonio natural y cultural de la comunidad.
- Iniciativas de conservación: Promover y apoyar esfuerzos para conservar áreas naturales, así como tradiciones y prácticas culturales.
- Desarrollo de infraestructura apropiada: Diseñar infraestructuras que sean sensibles al contexto local, minimizando el impacto ambiental y social.
- Apoyo económico y técnico: Proveer a las comunidades rurales con acceso a recursos financieros y asistencia técnica para desarrollar sus propios proyectos y negocios sostenibles.
- Monitoreo y evaluación: Establecer mecanismos para monitorear y evaluar los impactos del desarrollo, y ajustar las estrategias y acciones según sea necesario.
En conclusión, el nuevo panorama que presenta la LGMSV refleja una necesidad imperante de México para atender la dualidad de su territorio, equilibrando las disparidades entre zonas urbanas y rurales.
A pesar de que la mayor parte del territorio mexicano está compuesta por localidades rurales, solo un pequeño porcentaje de su población vive en estas áreas, enfrentándose a retos significativos en materia de movilidad, economía y conectividad. Si bien el artículo 31 de la LGMSV ofrece una perspectiva alentadora para priorizar la mejora de la infraestructura vial en estas zonas, no es ajeno a desafíos y cuestionamientos, principalmente relacionados con el impacto cultural y socioeconómico. Por tanto, la clave del éxito radica en un enfoque participativo, sostenible y respetuoso con el patrimonio y necesidades de cada localidad. Las menciones propuestas no solo buscan atender a la modernización vial, sino una integración más profunda de las localidades rurales al tejido socioeconómico nacional, valorando su identidad y garantizando su desarrollo.
