Tras la aprobación de la creación de la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes, el gobierno estatal asumirá el papel de eje rector del sistema de transporte público, particularmente en el servicio de autobuses urbanos, un sector que enfrenta alta demanda social y constantes quejas ciudadanas por la calidad y cobertura del servicio.
Así lo informó el secretario de Gobierno, Antonio Arámbula López, quien explicó que la nueva agencia, cuya implementación se realizará en los próximos meses, operará de manera independiente de los concesionarios, con el objetivo de colocar el interés público por encima de la rentabilidad privada.
Te recomiendo leer: Supervisores del Metrobús de Grupo CISA se apoyan con IA para validar sanciones por fallas
De acuerdo con el funcionario, uno de los principales beneficios será que el Estado podrá adquirir unidades, destinar mayores recursos públicos y ejercer un mayor control sobre las rutas, lo que permitirá incrementar el número de camiones en horas pico, uno de los principales reclamos de las personas usuarias.
Arámbula López señaló que actualmente existen rutas que no resultan rentables para los concesionarios, especialmente aquellas que requieren operar dobles turnos por la mañana y mantener unidades activas durante la tarde. Esta lógica de operación, dijo, ha impactado de manera directa en la calidad del servicio, dejando sin cobertura adecuada a zonas que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.
Ante este escenario, afirmó que el nuevo esquema buscará garantizar la operación de rutas socialmente necesarias, aun cuando no representen un negocio atractivo para las empresas concesionarias, con el fin de asegurar el derecho a la movilidad de la población.
El secretario de Gobierno descartó, por ahora, cambios en la Coordinación de Movilidad, por lo que Ricardo Serrano continuará al frente de dicha área, mientras se consolida la nueva agencia.
Si bien el anuncio se dio en el marco de un balance general de cierre de año, Arámbula López destacó que el transporte público se perfila como uno de los retos prioritarios para la administración estatal, en un contexto donde la movilidad se cruza con temas de equidad social, acceso al empleo y calidad de vida.
