Un viaje rápido por la Ciudad de México terminó en tragedia. El pasado 23 de julio, una mujer perdió la vida tras abordar una motocicleta solicitada por aplicación en Paseo de la Reforma. El conductor perdió el control del vehículo, la pasajera fue lanzada contra un árbol y falleció en el sitio. El servicio, conocido como “moto por app”, opera en la capital mexicana desde hace algunos años, a pesar de que es considerado ilegal, inseguro y sin regulación alguna por parte de las autoridades de movilidad.
El caso encendió las alarmas sobre una realidad que, aunque conocida, había sido ignorada por años. La Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) fue contundente: ninguna plataforma tiene autorización para trasladar pasajeros en motocicleta, y se procederá legalmente contra quienes lo hagan. Sin embargo, el fenómeno ha crecido de manera sostenida, impulsado por la alta demanda de viajes rápidos en una ciudad colapsada por el tráfico, y por la permisividad u omisión institucional.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, no está permitido ofrecer transporte público de pasajeros en motocicleta, ni bajo esquemas concesionados ni como servicios privados. Sin embargo, plataformas como DiDi Moto, Picap y otras similares comenzaron a ofrecer esta modalidad desde 2022, aprovechando vacíos legales y la falta de vigilancia efectiva.
Para evitar sanciones, algunas apps se ampararon argumentando que ofrecen un “servicio de intermediación” entre particulares, una especie de “convenio privado” entre el conductor y el pasajero. Pero en la práctica, el modelo carece de licencias específicas, capacitación para operadores, seguros obligatorios y protocolos de seguridad. Tampoco existe una identificación clara de las unidades o un registro oficial ante la Semovi.
En 2024, 232 motociclistas murieron en hechos viales en CDMX, según cifras de Visión Cero; la cifra ha crecido año con año.
Riesgos evidentes y usuarios desprotegidos
A diferencia de los servicios de transporte regulados, los viajes en motocicleta por aplicación no ofrecen cobertura amplia en caso de accidente, ni garantizan atención médica ni responsabilidad civil. Casos recientes han evidenciado esta omisión: en julio, Vannia Lara, una usuaria que sufrió lesiones graves tras un accidente en DiDi Moto, denunció públicamente que la empresa no respondió con seguro ni asistencia médica, a pesar de tener evidencia del viaje.
“Ni el conductor ni la plataforma se hicieron responsables. Tuve que pagar todo de mi bolsillo. Si hubiera muerto, ¿quién respondería por mí?”, declaró la usuaria en redes sociales.
Además, la mayoría de los conductores no cuentan con licencia tipo A1 ni han recibido formación en conducción profesional o seguridad vial, lo que aumenta significativamente los riesgos. En una ciudad donde, según datos oficiales, cada 30 minutos ocurre un siniestro vial con motocicletas, la proliferación de estos viajes por app se convierte en un factor de riesgo colectivo.
Exigen suspensión y armonización legal
Luego del accidente fatal, la diputada federal Laura Ballesteros, integrante de la Comisión de Movilidad en San Lázaro, pidió la suspensión inmediata del servicio de motocicletas por aplicación.
“Este es un suicidio institucionalizado. No hay seguros, no hay regulación, no hay condiciones mínimas de seguridad para nadie. Las autoridades han tolerado algo que ya cobra vidas humanas”, afirmó la legisladora, quien también fue secretaria de movilidad en la CDMX.
Ese mismo día, colectivos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron para exigir al Congreso de la Cdmx que armonice de forma urgente su Ley de Movilidad con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Advirtieron que esta omisión legislativa —que arrastra más de dos años sin resolverse— impide fortalecer los mecanismos legales para garantizar traslados seguros, controlar el uso de motocicletas y prevenir servicios irregulares como los que hoy están cobrando vidas.
Un modelo de riesgo que puede replicarse
La tolerancia al servicio de motos por app en la capital del país podría sentar un peligroso precedente para otras ciudades, donde la regulación del transporte es aún más débil. En muchas zonas urbanas del interior, donde los sistemas de movilidad formal no cubren la demanda o donde los tiempos de traslado son ineficientes, estos servicios podrían replicarse sin control alguno.
La falta de acción oportuna en la Ciudad de México —una urbe con mayor capacidad institucional— debe ser vista como una alerta para autoridades estatales y municipales, que aún están a tiempo de prevenir que se instale un modelo de movilidad informal, sin garantías ni seguridad, bajo el disfraz de la innovación tecnológica.
Cada 30 minutos ocurre un siniestro con motocicleta en la capital del país; la proliferación de servicios irregulares agrava la estadística.
