El estado es el único ente que tiene la potestad de brindar transporte público en México, sea este individual o colectivo. En el gobierno recae la responsabilidad de brindar a sus gobernados un transporte público seguro, digno y oportuno, sin embargo, ante la imposibilidad de éste para proporcionar la cobertura necesaria para sus habitantes es que concesiona a particulares su explotación. En otras palabras, cualquier ciudadano que quiera brindar un servicio de transporte público deberá contar con una concesión expedida por una autoridad competente, por ende, aquellas personas físicas o morales que ofrezcan este servició sin la anuencia del gobierno, será irregular.
Bajo este criterio, a lo largo de la historia, se han desarrollado en México dos visiones en los prestadores del servicio concesionado de transporte: Aquellos transportistas que se preocupan por sus usuarios, siguen las normas y buscan la modernización del transporte, más allá de las condiciones que las autoridades les concedan para este fin y otros que han malentendido que tener una concesión les abre el espacio para brindar un servicio deficiente, anticuado y alejado de las necesidades de sus pasajeros.
Sobre la disputa que a nivel mundial se ha tenido en la última década entre taxistas y transporte por plataforma, ha quedado de manifiesto la exigencia de los usuarios por tener la libertad de escoger el servicio que más le guste y el que más le convenga de acuerdo a sus intereses; el usuario pues, no debería estar involucrado en la disyuntiva que tienen los gobiernos sobre el derecho que se disputan los taxistas y redes de transporte por plataforma de transportar personas, ya que todas y todos tenemos derecho a la libertad de tránsito, libertad económica y el derecho a disfrutar los beneficios de la libre competencia.
Es por ello que reconociendo la libre competencia a la que todos tenemos derecho, ésta debe tener criterios de equidad para los involucrados, por consiguiente las redes de transporte por plataforma a quien la mayoría le hemos dado la bienvenida, deben sujetarse a las normativas vigentes en cada estado, donde se reconozcan sí, sus características tecnológicas que diferencian su servicio, pero adhiriéndose a un marco legal equivalente.
En nuestro país son muchos los estados en los que este servicio ha sido regularizado y donde los taxistas cohabitan con este modo de transporte apostando al mejoramiento de su servicio para ganar la preferencia de los pasajeros; no obstante, hay otros lugares como la ciudad de Cancún donde esta disputa ha dejado ver la incapacidad de las autoridades por brindar un piso parejo en donde los derechos de todos, usuarios, taxistas y redes de transporte por plataforma, estén garantizados.
