La semana del 9 al 15 de marzo se inauguró la primera edición del Salón de Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe, en la sede del Banco Mundial (BM), en Washington, D.C., en el marco de Transformar el Transporte (Transforming Transportation, TT25), una iniciativa organizada por el propio BM y el Centro Ross para Ciudades Sostenibles del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute, WRI, por sus siglas en inglés).
El Salón fue parte de una serie de eventos en los que los asistentes pudieron intercambiar conocimientos, compartir experiencias y aunar recursos para promover la movilidad eléctrica en esta amplia región.
Esta primera edición del Salón se tituló Desbloqueando la transición hacia el transporte público eléctrico en América Latina y el Caribe y contó con la presencia de socios y clientes que asistieron al TT25 para discutir estrategias exitosas para la transición al transporte público eléctrico.
La sede, los organizadores y los asistentes demostraron la importancia que los organismos internacionales conceden a la electromovilidad en los países latinoamericanos ubicados en este continente para contribuir a reducir las emisiones globales de CO₂, que, según los expertos, son atribuibles en un 50% al transporte.
En las presentaciones se destacaron los esfuerzos de las ciudades, los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y otros socios para promover el transporte público eléctrico, identificar brechas y abordar las necesidades de implementación.
En la invitación al evento, los organizadores me plantearon dos preguntas: ¿Se está considerando seriamente la movilidad eléctrica en México? y ¿Cuál será el papel del sector privado, incluido el sector energético?, además de solicitarme exponer algunos casos de éxito en el país.
La primera edición del Salón de Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe destacó la importancia de la electromovilidad en la región, reuniendo a expertos, organismos internacionales y empresas para discutir estrategias de transición al transporte público eléctrico.
En mi opinión, la movilidad eléctrica en México es un tema tan serio que, desde la pasada administración capitalina —entonces encabezada por nuestra actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo—, la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) otorgó un reconocimiento internacional al programa de movilidad de la Ciudad de México, que incluyó el Metrobús, el Trolebús, el Metro, el Tren Ligero y el Cablebús, entre otros sistemas de transporte.
En ese entonces, Mohamed Mezghani, secretario general de la UITP, calificó el programa de “ambicioso” y felicitó a las autoridades por su avance en el transporte público, que en su mayoría incluye transporte eléctrico.
Esta estrategia ha continuado su avance durante la administración de la actual jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, quien ha inaugurado nuevas líneas de Cablebús, ha anunciado la ampliación de la red del Metrobús (líneas 0 y 8) y ha impulsado la modernización del Metro de la Ciudad de México.
Aunque la vinculación de Grupo CISA con la electromovilidad inició hace tres años con la operación del Trolebús Elevado y, más recientemente, con la compra y operación de unidades eléctricas para la Línea 4 del Metrobús, desde hace 20 años en la CDMX, con la creación de la primera línea de Metrobús, se sentaban las bases de la transformación de un transporte público innovador y vanguardista. Desde entonces, hemos participado en el cambio de tecnología y matriz energética a nivel internacional.
En México, el sector privado juega un papel clave en la electrificación del transporte, con empresas como Grupo CISA invirtiendo en flotas de autobuses eléctricos y promoviendo alianzas estratégicas para impulsar la movilidad sustentable.
Grupo CISA, como empresa responsable, ha estado a la vanguardia y ha sido un fuerte promotor e inversor en la electromovilidad. El sector privado requiere fomentar alianzas estratégicas con armadoras, financieras y autoridades para que el transporte público eléctrico se establezca de manera eficiente, con el fin de reducir las emisiones de efecto invernadero, así como mejorar la calidad del servicio para que los usuarios se sientan cómodos y lleguen con seguridad a su destino.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta enero de 2025, en México se han adquirido 744 autobuses eléctricos de diversas marcas y modelos, de los cuales el 17.5 % (130 unidades) pertenecen a Grupo CISA, lo que ha representado una inversión inicial de más de mil 100 millones de pesos (53.8 millones de dólares), cifras que, para nosotros, han significado un gran esfuerzo y verdaderos casos de éxito.
Sobre cuál debe ser el papel del sector privado en la electromovilidad, desde nuestra óptica, implica un importante reaprendizaje para técnicos y operadores, quienes deben contar con el apoyo de organismos nacionales e internacionales como el World Bank Group, el Banco Interamericano de Desarrollo y el WRI. Es fundamental saber aprovechar desde esquemas de financiamiento internacional hasta asuntos arancelarios, como impuestos e incentivos fiscales.
También se necesita apoyo del sector energético para el desarrollo y la estandarización de estaciones de carga, así como de fabricantes y armadoras, para conocer más sobre la reducción en los tiempos de mantenimiento (ya que la disminución de piezas móviles y fluidos minimiza el desgaste de los componentes), la capacidad de almacenamiento y el mayor tiempo de vida de las baterías. Es necesario calcular fenómenos como el clima y otras variables para alargar la vida útil de los autobuses e, incluso, considerar el tema de la operación, donde los conductores deben comprender plenamente el sistema no solo para alcanzar ahorros de energía, sino también para garantizar el correcto mantenimiento de las unidades.
Sin embargo, más allá de nuestro papel en México, cabe destacar la importancia que los organismos mundiales conceden a la electromovilidad en América Latina y el Caribe, una región donde habitan casi 700 millones de personas.
