La falta de coordinación entre gobiernos, las presiones presupuestales y las deficiencias en la infraestructura del transporte público concentran algunos de los principales retos de movilidad en México. Durante la tercera edición del Foro Ruta México, autoridades, legisladores y especialistas plantearon la necesidad de armonizar las normas, integrar los servicios metropolitanos y establecer mecanismos de financiamiento y evaluación con una perspectiva de al menos 20 años.
Uno de los planteamientos centrales fue crear mecanismos de gobernanza que articulen a los gobiernos federal, estatales y municipales con la iniciativa privada. Los participantes también señalaron la importancia de mantener la transparencia, revisar los avances y evaluar los resultados de las políticas públicas más allá de los periodos de gobierno.
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La armonización de las leyes federales, estatales y municipales fue identificada como un primer paso para dar certeza jurídica a los actores involucrados y facilitar la implementación de proyectos de movilidad.
Pendiente en las políticas de movilidad
Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, señaló que la integración económica y urbana de las zonas metropolitanas ha rebasado los límites administrativos de los municipios, lo que obliga a coordinar los servicios de transporte para reducir los tiempos y costos de traslado.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en 2022, abrió la posibilidad de integrar servicios públicos y privados bajo esquemas metropolitanos, así como homologar reglamentos de tránsito y licencias de conducción. Sin embargo, Mercado advirtió que pocos gobiernos han avanzado en esa dirección.
La falta de coordinación también genera competencia entre municipios por la recaudación y cobros adicionales a transportistas de bienes y mercancías. De acuerdo con lo expuesto durante el foro, un reglamento metropolitano podría atender problemas de coordinación en 345 municipios.
“Es mejor que cobren de manera unificada las multas, además de homologar criterios para otorgar licencias de conducción”, expresó Mercado.
Arturo Cervantes, presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, coincidió en que los desplazamientos cotidianos superan los límites municipales y estatales, mientras que la planeación y operación del transporte permanecen fragmentadas. Propuso fortalecer la coordinación metropolitana para integrar rutas, tarifas, distintos modos de transporte e información.
Por su parte, la diputada federal Claudia Salas señaló que las políticas de movilidad deben responder a los desplazamientos entre los lugares de residencia y trabajo. Como parte de las medidas para atender esta dinámica, propuso recuperar el Fondo Metropolitano dentro del presupuesto, con una perspectiva de largo plazo.
Paula Gómez, directora de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dimensionó el crecimiento de estas zonas: en 1960 México tenía 12 zonas metropolitanas, donde se concentraba una cuarta parte de la población; actualmente son 92 y albergan a más del 65% de los habitantes del país.
Infraestructura presiona los presupuestos locales
La construcción de infraestructura representa apenas una parte de los compromisos financieros de los gobiernos. Mantener las instalaciones y garantizar la operación de los servicios durante su vida útil supone una presión adicional, particularmente en ciudades que continúan expandiéndose.
Fernando Tehuin, director de proyectos de Banobras, advirtió que los gobiernos locales enfrentan dificultades presupuestales para conservar la infraestructura de transporte. El crecimiento de las ciudades y la ampliación de los servicios incrementan las necesidades de mantenimiento y financiamiento.
“La infraestructura hay que mantenerla en el tiempo y eso es una presión más presupuestal en los gobiernos locales”, sostuvo el directivo al referirse a la responsabilidad de conservar las obras y garantizar los servicios.
La planeación financiera, expuso, debe contemplar las necesidades de operación y mantenimiento durante periodos prolongados, especialmente cuando los sistemas de transporte incrementan su cobertura y demanda.
Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), destacó que los proyectos requieren instalaciones para sostener la operación cotidiana: terminales, patios de encierro, talleres, estaciones intermedias, sistemas de pago electrónico y herramientas de gestión de flota.
“El componente de infraestructura es muy, muy importante”, señaló Peón, quien también destacó la necesidad de garantizar tiempos de viaje, frecuencias de servicio y cumplimiento de los programas establecidos por las autoridades locales.
La seguridad vial y las actividades de cuidado
La infraestructura de movilidad también debe responder a las necesidades de quienes realizan actividades de cuidado, señaló Carolina Arvizu, directora de Ciudades del Instituto de Recursos Mundiales (WRI). Durante el encuentro, indicó que estas actividades representan el 26% del producto interno bruto (PIB) de México.
La falta de instalaciones como lactarios y baños públicos dificulta los desplazamientos de las mujeres, quienes asumen la mayor parte de estas responsabilidades.
La seguridad vial fue otro de los temas abordados. Durante el foro se señaló que los hechos de tránsito constituyen la principal causa de muerte entre niños y jóvenes y generan situaciones de orfandad. Los costos asociados superan los 350 mil millones de pesos anuales.
Cervantes recordó que México no cumplió el objetivo del primer Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que planteaba reducir a la mitad las muertes y lesiones por hechos de tránsito entre 2011 y 2020. También advirtió que las metas del segundo decenio continúan sin alcanzarse.
“Habíamos dicho que íbamos a reducir entre 2011 y 2020 a la mitad el número de muertos y heridos en México por hechos de tránsito y no se cumplió ni en México ni en ninguno de los países de la región de la ONU”, afirmó.
El especialista vinculó estos resultados con las deficiencias en la planeación urbana y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención.
El crecimiento del parque vehicular supera al de la población
La movilidad también incide en la productividad y la competitividad de las ciudades. Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que 22 millones de personas utilizan diariamente el transporte público en México y que el 12.4% de los trabajadores se desplaza fuera de su municipio para laborar.
En la Ciudad de México y el Estado de México, uno de cada tres trabajadores sale de su municipio para llegar a su empleo. De acuerdo con los datos presentados por Moy, el 55% de los trabajadores utiliza transporte público, mientras que la inversión destinada a este sector ha sido insuficiente.
Aunque el 68% de los usuarios considera adecuada la cobertura de las rutas, solo el 42% percibe que las unidades se encuentran en buen estado, una diferencia que apunta a los desafíos tanto de cobertura como de calidad del servicio.
Otro indicador expuesto durante el foro fue el crecimiento del parque vehicular: aumentó 37% entre 2018 y 2025, frente a un incremento de 5% en la población. La falta de alternativas de transporte público fue señalada como uno de los factores que impulsan la adquisición de automóviles y motocicletas.
En materia ambiental, se indicó que el sector vial genera el 93% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), mientras que apenas el 13.5% de los pasajeros viaja en modos eléctricos o de cero emisiones.
Los tiempos de traslado también afectan la vida cotidiana y la productividad. En la Zona Metropolitana del Valle de México, los trabajadores emplean en promedio una hora en sus desplazamientos, mientras que los estudiantes menores de 15 años tardan alrededor de 25 minutos.
Moy planteó tres aprendizajes a partir de experiencias internacionales: ampliar las vialidades puede incrementar el uso del automóvil y la congestión; fortalecer el transporte público requiere inversión e integración operativa, y mejorar la conectividad urbana amplía las oportunidades de los habitantes y favorece el desarrollo económico.
Los planteamientos presentados durante la tercera edición del Foro Ruta México apuntaron a la coordinación metropolitana, el financiamiento de largo plazo y la infraestructura como condiciones para mejorar el transporte público. La implementación de estas medidas dependerá de la capacidad de los distintos niveles de gobierno para armonizar sus normas, sostener las inversiones y mantener la continuidad de los proyectos.
