Cada vez me sorprendo más cómo la autoridad sigue tomando decisiones a “prueba y error” en materia de movilidad en las ciudades. Tal es el caso de la tan polémica y mencionada Línea 7 del Metrobús y el recién inaugurado Corredor de Transporte Público Concesionado Auditorio-Reforma-Santa Fe en la CDMX, los cuales son un buen ejemplo de lo que NO se debe hacer al momento de implementar sistemas de transporte público.
Si nos enfocamos al corredor recién inaugurado, en los medidos actualmente solo se escuchan quejas de los usuarios por las largas filas de espera en el abordaje de unidades y tiempos prolongados de recorridos, de igual forma se tiene la molestia por el pago de un total de 12 pesos con 50 centavos, para llegar a Santa Fe, como consecuencia del transbordo que se debe hacer desde el Metrobús, siendo a que antes se hacía el mismo viaje en una sola unidad y un único pago.
Lo anterior no es más que resultado de la falta de un análisis concienzudo de la movilidad en la zona y un mal dimensionamiento de la flota, dado que solo se inició servicio con 30 vehículos (15 son modelo Rider G con capacidad para 120 pasajeros y las otras 15 son modelo Linner G con capacidad para 90 pasajeros).
Si realizamos un análisis muy somero con datos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se estima que para movilizar los casi 50 mil pasajeros diarios que se indican tan solo se requieren 49 vehículos de 120 pasajeros (63% más vehículos con respecto a los 30 con que se inició servicio), de los cuales 43 serían flota operativa y 6 de reserva, estos deberían operar en hora de máxima demanda a un intervalo de paso de 2.4 min manteniendo un 85% de ocupación por vehículo. En el cuadro se muestran los principales resultados del ejemplo descrito.
Por otra parte, creo que también hizo falta análisis respecto a los patrones o cadena de viajes de los usuarios, con esto me refiero a estudiar a detalle los costos y tiempos por tramo recorrido desde sus orígenes y destinos. Así mismo, con la información resultante del análisis anterior se podría alimentar el modelo financiero o de negocio que evaluará las distintas políticas tarifarias y decidir cuál de ellas es la que mejor se ajusta a las necesidades del usuario. Tan solo me pregunto por qué no para evitar las molestias por un aumento tan drástico de la tarifa, se piensa en cobrar al usuario de recorridos cortos o que solo hagan uso del Metrobús una tarifa de 6.00 pesos y aquellos de recorrido largo que transborden al corredor 8.00 pesos, cobrando la diferencia a través de un sistema de validación de tarjetas electrónicas a bordo de unidades durante un tiempo máximo de 60 min. Para todos aquellos usuarios provenientes de otros sistemas y/o aborden en Auditorio se podrían mantener las tarifas de 6.00 y 6.50 pesos según sea el sistema a abordar. La solución es sencilla, solo es cuestión de evaluar su factibilidad antes de la implementación. En la figura se muestra el ejemplo del concepto planteado.
Aunado a lo anterior, pienso que también se hizo caso omiso a la realización de un plan de comunicación social donde se indicaran las características funcionales del sistema antes del inicio de operaciones. Esto hubiese permitido al usuario digerir de manera correcta la transición entre el sistema pasado y el actual, y con ello evitar la mala percepción como se ha observado hasta el momento.
Pienso que, si la autoridad encargada de este proyecto hubiese tenido realmente los elementos suficientes para justificar sus decisiones, no se tendrían las deficiencias que se vislumbran en la actualidad, sin embargo, lamentablemente no es así y por ende solo se deja ver la falta de seriedad y compromiso ante la ciudadanía, así como la ferviente necesidad de implementar sistemas por compromisos políticos. Con ello, vuelvo a comprobar que el instrumentar sin planear simplemente conlleva al caos.
Finalmente, siento que esto es una buena experiencia para demostrar a otras administraciones que el tomar decisiones a “prueba y error” solo conlleva a malas implementaciones, mismas que se derivan en mala calidad y percepción del sistema, sobrecostos de implementación y operación, pero sobre todo y lo más importante taches o puntos malos en el desempeño de la autoridad.
