La Ciudad de México mantiene pendiente la armonización de su legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en 2022, una omisión que organizaciones civiles consideran un obstáculo para avanzar en la prevención de muertes y lesiones por siniestros de tránsito.
Integrantes de la Coalición Movilidad Segura señalaron que la falta de adecuación del marco normativo limita la aplicación de medidas para proteger a los usuarios más vulnerables de las calles, entre ellos peatones, ciclistas, niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
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Durante una conferencia de prensa realizada en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, las organizaciones expusieron las dimensiones del problema en México: alrededor de 16 mil personas mueren anualmente en hechos de tránsito, la mayoría jóvenes; cerca de 130 mil resultan lesionadas y aproximadamente 40 mil adquieren alguna discapacidad permanente.
A estas consecuencias se suma el impacto económico de la atención médica. De acuerdo con las cifras presentadas por las representantes, los gastos directos por hospitalizaciones, tratamientos, procedimientos y servicios de urgencias superan los 18 mil millones de pesos.
Este monto no contempla los costos de rehabilitación a largo plazo, la pérdida de ingresos ni las afectaciones económicas que enfrentan las familias de las víctimas.
Piden infraestructura segura y controles de velocidad
Entre las medidas que las organizaciones consideran prioritarias se encuentra la construcción de infraestructura que reduzca los riesgos para peatones y ciclistas, así como una mayor vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de tránsito.
También solicitaron fortalecer los controles de velocidad y alcoholemia, exigir cascos certificados y garantizar el uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil.
Las agrupaciones advirtieron que la prevención de siniestros requiere que las disposiciones legales se traduzcan en infraestructura, supervisión y mecanismos efectivos de seguridad vial.
Cuestionan requisitos para obtener licencias permanentes
Otro de los planteamientos expuestos fue revisar los procedimientos para otorgar licencias de conducir permanentes en la capital del país.
Las organizaciones solicitaron la aplicación de exámenes rigurosos a las personas que tramiten este documento, con el propósito de fortalecer los controles sobre las condiciones y conocimientos necesarios para conducir.
A cuatro años de la aprobación de la legislación federal, las agrupaciones insistieron en que la Ciudad de México debe avanzar en la armonización de sus normas locales y aplicar medidas que permitan reducir los riesgos de tránsito y proteger la vida de quienes utilizan las vías públicas.
