El otorgamiento de concesiones de transporte público en la Zona Metropolitana de Puebla tendrá que superar un filtro que combina capacidad operativa, solvencia económica y condiciones de los vehículos propuestos. La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) puso en marcha una matriz de evaluación para revisar las solicitudes derivadas de convocatorias de interés público.
El mecanismo fue presentado durante la tercera sesión del Comité Interinstitucional de Evaluación para el Otorgamiento de Concesiones, donde se analizaron las propuestas pendientes de dictaminación.
La revisión se estructura en cuatro criterios. El primero es la congruencia de la propuesta con el Anexo Técnico correspondiente a la ruta o zona solicitada. A este se suman la experiencia operativa y logística del solicitante, la capacidad económica comprobable y las condiciones del parque vehicular que se pretende incorporar al servicio.
Este último punto contempla información sobre los modelos de las unidades y la viabilidad de su incorporación al transporte público.
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La secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, encabezó la sesión y defendió el uso de estos criterios como una herramienta para reducir la discrecionalidad en la evaluación de las solicitudes.
“Este mecanismo permite determinar de manera objetiva las propuestas que cumplen con las condiciones necesarias para prestar el servicio”, afirmó.
La revisión no quedó únicamente en manos de la dependencia estatal. En el comité participaron representantes del sector empresarial, instituciones académicas y órganos responsables de fiscalización y control.
Entre ellos estuvieron Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de Coparmex Puebla; Gloria Carola Santiago Azpiazu, directora de la Facultad de Arquitectura de la BUAP; Pilar Rodríguez Dobarganes, directora de Servicios Operativos del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla; Ana Sarmientos Fernández, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y Francisco Eduardo Dueñas Zambrano, titular del Órgano Interno de Control de la SMT.
La participación de estos sectores forma parte del diseño del procedimiento para revisar las rutas que permanecen pendientes de regularización en la entidad.
El proceso se integra al Plan Integral de Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana y al Programa de Actualización, Regularización y Reordenamiento del Transporte Público de la administración estatal.
Más que revisar únicamente la documentación de los solicitantes, el esquema incorpora variables relacionadas con la operación efectiva del servicio: desde la experiencia y capacidad financiera del concesionario hasta los vehículos que pretende poner en circulación.
Con ello, la autoridad estatal busca establecer criterios verificables para determinar qué propuestas pueden avanzar en el proceso de otorgamiento de concesiones y cuáles no cumplen con las condiciones técnicas, operativas y financieras requeridas.
