El proceso de modernización del transporte público en Zacatecas enfrentará una revisión judicial. El Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación admitió a trámite una demanda de amparo promovida por cuatro concesionarios del servicio urbano de Zacatecas y Guadalupe, quienes cuestionan diversos actos vinculados con la implementación del sistema MOBI/Platabús, al considerar que podrían vulnerar derechos adquiridos y modificar el esquema de operación bajo el que actualmente prestan el servicio.
De acuerdo con la información difundida por el despacho Studio Légale, representante legal de los promoventes, el juicio de amparo —identificado con el expediente 1253/2026-III— permitirá que el órgano jurisdiccional analice la constitucionalidad y legalidad de las decisiones relacionadas con la planeación, contratación, ejecución y puesta en marcha del nuevo modelo de transporte, además de determinar si existe una afectación a concesiones urbanas previamente autorizadas por las autoridades competentes.
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Los representantes legales de los concesionarios precisaron que la acción judicial no busca impedir la modernización del sistema de transporte, sino garantizar que cualquier transformación se lleve a cabo bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica. “Nuestra postura no es oponernos a la modernización del transporte público. Lo que se exige es que cualquier transformación estructural del sistema se realice con apego a la Constitución, con transparencia, con audiencia previa, con certeza jurídica para los concesionarios vigentes y con un régimen de transición claro, fundado y motivado”, señalaron.
Asimismo, sostuvieron que un proyecto de esta magnitud debe desarrollarse mediante procedimientos técnicamente sustentados y respetando los derechos de quienes actualmente operan el servicio concesionado.
“El proyecto MOBI/Platabús no puede avanzar mediante decisiones unilaterales, opacas o técnicamente insuficientes, si con ello se afecta el mercado regulado del transporte urbano y los derechos previamente reconocidos a concesionarios que durante años han prestado el servicio público en Zacatecas y Guadalupe”, indicaron.
Como parte del procedimiento, el juzgado programó la audiencia incidental para el 20 de julio, en la que se analizarán las medidas cautelares solicitadas por los promoventes, mientras que la audiencia constitucional fue fijada para el 28 de septiembre, etapa en la que se resolverá el fondo del asunto respecto a la legalidad de los actos impugnados.
Los abogados afirmaron que continuarán defendiendo los intereses de sus representados “por la vía institucional, jurídica y constitucional, para garantizar su derecho a ser escuchados antes de cualquier modificación al régimen bajo el cual prestan un servicio público concesionado”.
