Tres años después de que entrara en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Ciudad de México podría avanzar finalmente en la adecuación de su marco normativo para alinearlo con los principios que hoy rigen la política pública de movilidad en el país. La propuesta presentada en el Congreso local busca cerrar una brecha legal que especialistas y organizaciones han señalado como un obstáculo para consolidar estrategias más efectivas de prevención de siniestros viales y protección de las personas usuarias de la vía pública.
La iniciativa, impulsada por el diputado local Miguel Ángel Macedo, plantea incorporar a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México conceptos fundamentales establecidos en la legislación federal, entre ellos el enfoque de sistema seguro, la movilidad activa, la movilidad del cuidado, la accesibilidad universal, la gestión de velocidades seguras, el control de factores de riesgo y la formación vial con perspectiva de género y derechos humanos.
La relevancia de esta reforma radica en que la legislación federal estableció desde su entrada en vigor la obligación de que estados y entidades federativas armonizaran sus marcos legales en un plazo de 180 días. Sin embargo, mientras más de una veintena de entidades ya realizaron las adecuaciones correspondientes, la capital del país mantiene pendientes diversos ajustes normativos que permitirían fortalecer la coordinación institucional y facilitar la implementación integral de las políticas de seguridad vial.
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Durante la presentación de la propuesta, Miguel Ángel Macedo destacó que el proyecto es resultado de un proceso amplio de participación social y construcción colectiva. “Puedo afirmar con convicción que esta no es la iniciativa de una sola persona ni de una sola institución; es una iniciativa construida junto a la ciudadanía, con especialistas, organizaciones civiles, académicos y expertos. Es una iniciativa construida desde el territorio para las personas”, expresó el legislador.
Especialistas en movilidad han advertido que la armonización legislativa no constituye únicamente un trámite jurídico, sino una condición necesaria para consolidar políticas públicas orientadas a reducir muertes y lesiones por hechos de tránsito. La incorporación formal de principios como el sistema seguro permitiría fortalecer la responsabilidad compartida entre autoridades, operadores del sistema de transporte, fabricantes de vehículos y usuarios de la vía pública, bajo un modelo que reconoce que los errores humanos son inevitables y que las ciudades deben diseñarse para evitar que estos errores deriven en consecuencias fatales.
De aprobarse, la reforma colocaría a la Ciudad de México en sintonía con el marco nacional de movilidad y seguridad vial, al tiempo que fortalecería las herramientas legales para avanzar hacia un modelo de transporte más seguro, incluyente y centrado en las personas.
