La presente investigación aborda la regularización de asentamientos irregulares como condicionante para que los habitantes cuenten con servicios básicos como el transporte público. Servicio imprescindible para quienes no acceden a la movilidad privada (automóvil) y necesitan realizar actividades cotidianas: trabajo, escuela, recreación, acceso a asistencia médica, etc. La investigación se enfoca en el asentamiento irregular denominado “El Tizate” y su posición en el Área Metropolitana de Guadalajara, debido a que se localiza en Zapopan, segundo municipio en nivel de importancia política en Jalisco. Asentamiento cuya particularidad reside en ubicarse en zona de alto nivel de marginación y considerado por el INAH como una zona arqueológica.
La regularización de los asentamientos depende de actores públicos quienes dotan servicios, infraestructura y equipamiento necesarios. A diferencia de los asentamientos regulares, los irregulares necesitan transitar por el proceso de obtención de servicios en ocasiones condicionado por las subsecuentes administraciones en el poder.
Por ello, en el presente trabajo se abordará las políticas públicas y normatividades referentes al desarrollo, control y dotación de servicios públicos en asentamientos humanos irregulares, como el derecho de movilidad dotado a través del servicio de transporte público. Asimismo, se analizarán leyes y reglamentos vigentes en las zonas de hitos históricos y arqueológicos debido al lugar de asentamiento de “El Tizate”.
En el proceso investigativo se analizó a las dependencias relacionadas con el control de dichos asentamientos. Se estudió cómo derogan sus poderes frente a dependencias de mayor rango con injerencia en movilidad e impacto en el territorio. Así, se descubrió cómo pese a que las normatividades no permiten asentamientos irregulares, estos logran eludirlas obteniendo beneficios no programados.
En referencia a los servicios básicos del asentamiento, no cubren por completo las necesidades esenciales de sus habitantes. En el caso del servicio de transporte público, canal de comunicación con el AMG, no son cubiertas en el espacio habitado, aunque la calidad se considera buena y admisible en cuanto a costo y trasladados.
Los asentamientos irregulares afectan en dos posibles líneas: la preventiva y la correctiva. El primer caso se basa en la premisa de que regularizar asentamientos ya consolidados implica altos costos por tratarse de un proceso que consume bastante tiempo, como por requerir inversiones masivas. Por lo tanto, resulta más apta la idea de implementar políticas de naturaleza preventiva, es decir, programas de regularización como solución loable al cimentarse en la necesidad de otorgar vivienda de interés social o créditos a los habitantes.
En la segunda línea, la correctiva, se enmarca la regularización de asentamientos. En este contexto, la solución no implica sólo regularizar la informalidad, más bien, se interesa por la iniciativa de planificar áreas de reserva de suelo urbano para la función de vivienda, de equipamiento, de áreas verdes, y mediante ello, los ciudadanos (específicamente de asentamientos irregulares) pudiesen mejorar su nivel de vida. Sin embargo, no es la única solución, también existe una solución difícil, costosa y dolorosa: la expropiación.
Por otra parte, la investigación recalca el involucramiento de los habitantes en la formalización del asentamiento irregular “El Tizate”, cuyo esfuerzo obtuvo servicios como luz y agua tomándolos de la colonia colindante. Y también gracias a sus movilizaciones y documentos presentados ante representantes legales y sociales y autoridades competentes. Se comprueba que la regularización de la tenencia de tierra es un problema universal que afecta a la totalidad de asentamientos humanos irregulares de escasos recursos en países en vías de desarrollo. Se le ha combatido con reglas y vigilancia excesiva; sin embargo, una posible solución sería adoptar y reconocer la necesidad por la cual tales asentamientos acontecen, es decir, conocer el problema a fondo.
Por tal razón, es necesario pensar en las políticas existentes y en aquellas que se podrían generar bajo la premisa de una integración socio-espacial sin dejar de lado las necesidades de sus moradores, de manera que no se afecte a los habitantes y se les provea de los principales servicios para vivir de forma decorosa. De tal forma, se logra constatar con la presente investigación cómo el transporte público es imprescindible para la movilidad de los habitantes de “El Tizate”, y no sólo en asentamientos irregulares, también en regulares. Cuando tal tipo de servicio no es garantizado, las necesidades se ven coartadas y los moradores de dichos espacios, ilegales o fuera de las leyes, se aseguran de satisfacerlas buscando con los posibles proveedores del servicio que puede ser formal o informal. El objetivo principal de satisfacer la necesidad de moverse y dar respuesta a sus principales requerimientos (trabajo, estudio, compras, diversión, etcétera), en el caso del asentamiento irregular “El Tizate”, esto no ocurre.
Revisando el entorno de dicho asentamiento irregular, se constata que las colonias contiguas comparten un factor: son asentamientos irregulares en proceso de consolidación como colonia, en la mayoría de los referentes. Lo especial del caso que nos ocupa es que, si bien el cambio de estatus (de irregular a regular) permite el ingreso de servicios básicos, tratándose de un asentamiento cuya localización se aposta sobre un terreno dentro del polígono considerado por el INAH como arqueológico y protegido por el registro público de monumentos y zonas arqueológicas (desde 1985), dicha situación los contrapone a todo intento de regularización.
Entonces el trabajo presente también da cuenta del proceso histórico inmiscuido en esta problemática. Porque en el lugar se asentó una cultura que aportó huellas de presencia en El Ixtépete, El Grillo, Los Padres y en Santa Ana Tepetitlan. Se trata de una cultura asentada a principios de la era cristiana hasta el año 1000 d. de C. En búsquedas exhaustivas fueron encontrados diversos vestigios como basamentos hechos en piedra y adobes y edificios de uso administrativo y religioso. Dichos vestigios se presentan en forma de pequeños cerros, montículos de alturas variables de uno a siete metros. Pese a la información aquí expuesta, obtenida por conducto del INAH, los habitantes de dichos asentamientos no han sido informados sobre nada respecto a lo anterior. Por lo tanto, la construcción irregular de sus viviendas continúa de manera “normal” expandiéndose aún más, con el peligro de afectar el bosque de La Primavera y por ende a todos los habitantes de la metrópoli.
Centrándonos nuevamente en el problema del transporte público, es necesario afirmar que se trata de una necesidad actualmente solventada gracias a múltiples agentes que se han encargado de satisfacerla. Tal acción se percibe como un negocio nacido de la demanda existente y al numeroso crecimiento de rutas hasta el lugar. De acuerdo a lo investigado, el transporte público urbano, como servicio público regularizado por el gobierno que permite la conexión centro-periferia, funge como agente dinamizador en la formalización de los asentamientos irregulares, promoviendo de manera informal la transformación de los usos del suelo de irregular a regular, dentro de las políticas públicas.
De tal forma, se puede concluir aseverando que en el caso del asentamiento periférico objeto del estudio presente, es correcto el transporte público como servicio regularizado y mayoritariamente dotado o subsidiado por el gobierno. Mismo que logra fungir como un agente que dinamiza el proceso de formalización, la cual como se observa a lo largo del documento puede llegar a otorgar formalización al asentamiento. Esto pese a que de acuerdo al INAH el estatus de las tierras donde se asientan no debería darse la regularización.
Finalmente, el estudio propone que las zonas donde existen asentamientos humanos irregulares durante el 2018 se les deberían proveer el estatus jurídico de colonia junto a derechos y obligaciones que pretenden la tenencia de la tierra. Sin embargo, en referencia a viviendas aún en proceso de consolidarse, se tendría que reubicar a sus habitantes en espacios que no afecten hitos históricos y, en este caso en particular, evitar su crecimiento hacia las faldas del bosque de La Primavera. Ello permitiría aumentar el nivel de vida de los pobladores, aunado a la elaboración de proyectos de obtención de vivienda a costos bajos, con base en ingresos que los habitantes perciben.
Y en cuanto al transporte público, se podría plantear la posibilidad de otorgar un mayor auge y crecimiento a la infraestructura existente, a fin de acceder en condiciones óptimas a los asentamientos irregulares, con la mayor intención de ofrecer servicio de calidad y en cantidad necesaria para cubrir la demanda.
