Este año 2021, en nuestro país se llevará a cabo la elección más grande de su historia reciente, en medio de la pandemia por Covid-19, un estado de emergencia y un contexto muy complicado por los efectos en la salud y mortalidad de personas, además de los devastadores efectos en lo económico.
La democracia es en esencia, un conjunto de derechos sociales y económicos, y el efecto de la pandemia para la población ha sido demoledor, existe la esperanza de que con el inicio de la vacuna, si se organiza adecuadamente su aplicación, ésta permita inducir una respuesta inmune, además de seguir cumpliendo con las medidas y protocolo de salud pública.
La pandemia ha provocado una contracción en nuestra economía, que dejó de crecer en el año 2018, se contrajo en 2019 y para 2020, antes de la llegada del coronavirus, ya mostraba una caída.
Para este 2021, sectores como la construcción, turismo, alimentos, esparcimiento, transportes y comunicaciones entre otros, no han logrado recuperarse.
Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), señalan que nuestro país en 2020, decreció un 8.5%, y para 2021, la economía tiene una perspectiva de mejora en un 4.3%, que vendrá producto de la combinación de distintas variables como son: la demanda interna, las exportaciones y lo que pase en la economía de EEUU.
En la política pública, las prioridades reales están donde se ejerce el presupuesto. En México, la movilidad es un indicador en el que se refleja la desigualdad en el país. Es muy común escuchar la frase “no hay dinero para la movilidad en México”, mientras más de 50 millones de mexicanos se mueven en transporte público.
Las decisiones de política pública han priorizado las condiciones de movilidad de los sectores de la población que cuentan con mayores privilegios y que tiene la oportunidad de elegir entre distintos medios para movilizarse.
En este contexto, la gestión pública relega las necesidades de la población más vulnerable, la cual progresivamente ha normalizado la falta de acceso a derechos básicos, aumentando las condiciones de marginación y desigualdad.
Urgen políticas federales que articulen los esfuerzos, den sustento institucional y financiero para enfrentar las más 36 mil muertes al año por accidentes viales y mala calidad del aire, la pérdida económica del 1.7% anual del PIB del país por hechos de tránsito, las altas emisiones de CO2 y la inequidad en el acceso a las oportunidades y servicios urbanos.
Nuestro grupo de trabajo, a través de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AC, ha firmado con diversas organizaciones de la sociedad civil, compromisos con la Agenda de Movilidad Urbana 2018-2024, y con ello, lograr ciudades más humanas y vivibles.
Es necesario, el compromiso y articulación de todos los niveles de gobierno, para mejorar las condiciones de movilidad en nuestras ciudades, así como fue la aprobación por unanimidad de la reforma constitucional sobre el derecho a la movilidad y la seguridad vial.
La movilidad es fundamental en el desarrollo de las ciudades. Tiene impacto en la calidad de vida de sus habitantes, el medio ambiente, la salud, la competitividad, el progreso económico y social, para ello es necesario contar con una agenda nacional que permita implementar políticas públicas integrales que impulsen el desarrollo urbano y sistemas de transporte eficientes, seguros, sustentables y de calidad.
Debemos trabajar activamente, porque la mayoría de nuestras ciudades no van a poder sostener el actual modelo de crecimiento y motorización, el desarrollo urbano y la movilidad precisa ser replanteado de manera integral, con propuestas y proyectos de largo plazo, gran alcance y visión, de manera plural e incluyente.
Esta tarea requiere la participación, conjunción de esfuerzos y el compromiso de todos los actores del sector y los vinculados a éste, en un año de pandemia y elecciones.
