Escrito por:Rosa Virginia Ocaña O. / Eliana León / Gabriela Zella de Llavaneras
El servicio de transporte público es fundamental para que las ciudades funcionen. En América Latina los servicios de transporte público urbano, a pesar de muchos esfuerzos e inversiones, continúan siendo deficientes e inadecuados. Las operaciones siguen presentando bajos niveles de servicio y costos operativos relativamente elevados por su forma de organización y de funcionamiento, muchas veces con importantes rasgos de informalidad. También es inadecuado y no acorde con las necesidades de movilización de la población y con la dinámica de las ciudades. Las regulaciones de estos servicios públicos también han resultado impropias pues existen múltiples instituciones que intervienen sin coordinación o armonización de acciones, resultando en superposiciones de poderes en ciertas labores y vacíos legales, entre otras. Asimismo, las capacidades financieras de todos los actores de los sistemas de transporte públicos urbanos son bastante limitadas.
Para atender la situación de los servicios de transporte público urbano en las ciudades latinoamericanas y tratar de solventar, desde distintos niveles de gobierno y diferentes organismos, se han desarrollado e implantado acciones y medidas en el marco de las políticas públicas en transporte urbano y materias colaterales, incluyendo la participación ciudadana.
La participación ciudadana en los servicios públicos parte de un enfoque valioso que busca mejorar la calidad y eficiencia de éstos al identificar necesidades específicas y desafíos, generar conexión, sentirse parte activa de los procesos, entre otras. Una definición operativa de participación ciudadana puede ser caracterizada como un proceso mediante el cual la ciudadanía interviene individual o colectivamente en las instancias de toma de decisiones sobre asuntos públicos que le afectan en lo político, económico y social como medio para el logro de objetivos de desarrollo y bienestar colectivo. (Delgado, 2004)
Los Estados Latinoamericanos pasan por constantes crisis, que son evidenciadas en la imposibilidad de implantar modelos que conviertan a las Administraciones Públicas en entes más flexibles, más innovadores y eficientes, que permitan demostrar la capacidad de gestión y de obtención de resultados, atendiendo las necesidades de los ciudadanos y la resolución de problemas que emergen en las agendas públicas.
Uno de los modelos que se ha tratado de implantar en distintos países de la región ha sido el de la descentralización, concebida como “el proceso mediante el cual se transfiere poder político, desde el gobierno central, a instancias del Estado cercanas a la población, dotadas de independencia administrativa y legitimidad política propia.” (Granier, 2004) El concepto es sencillo, bajo la hipótesis de que puede existir una estrecha relación entre administración y administrados y, por ende, una mayor eficiencia en los servicios públicos si acercamos la administración a los ciudadanos, pues el poder residirá en entes más cercanos a ellos logrando de esta manera una atención más directa y eficiente.
A menudo se señala como el principal problema de la planificación urbana, el ordenamiento territorial y de otros ámbitos de políticas públicas tales como la planificación y gestión de transporte, así como la imposición de arriba hacia abajo de un entorno determinado por planificadores tecnócratas. Entonces, siempre se piensa que “la” solución a este problema es encontrar formas más genuinas de participación comunitaria desde abajo hacia arriba en la evaluación de proyectos y programas de los entes públicos. (Birkeland, 1999).
La discusión sobre el diseño de estructuras y procesos de participación para el área de transporte ha sido nuestro principal interés para ahondar en este tema, pues el fin último es acercarse progresivamente a implementar estrategias y prácticas que den prioridad al nivel personal en las relaciones ciudadano – Estado, que busquen obtener información sobre preferencias y valores y mejoren el valor de la experiencia participativa en los actores involucrados, tanto de la comunidad como de los entes privados y gubernamentales.
La participación de los usuarios de los servicios urbanos en su planificación y gestión ha abierto la posibilidad de introducir, en esos dos procesos, nuevos elementos que provienen de una perspectiva más amplia y distinta a la técnica: el punto de vista de quien vive y padece los problemas en el día a día.
Para ejemplificar un ámbito específico de participación ciudadana en materia de transporte público urbano, se presenta el caso de los usuarios que puedan involucrarse en el diseño de las rutas de transporte público. ¿Qué pudiera lograrse con ello?
Por una parte, la mejora en el diseño y planificación, pues al involucrar a los ciudadanos en ese proceso se pueden identificar necesidades específicas y desafíos locales. Esto permitiría crear sistemas de transporte más adaptados a las demandas de la comunidad.
Por otra parte, pudiera obtenerse mayor aceptación y uso del servicio, pues los usuarios se sentirían más conectados al sistema de transporte, aumentando la aceptación de las rutas propuestas y fomentando su utilización.
En América Latina los servicios de transporte público urbano, a pesar de muchos esfuerzos e inversiones, continúan siendo deficientes e inadecuados.
Asimismo, la participación de los usuarios en el diseño y planificación de rutas permitiría que los ciudadanos pueden señalar problemas en las rutas existentes, tales como paradas mal ubicadas, falta de accesibilidad o congestión, ayudando a corregir deficiencias y a optimizar el servicio. La participación ciudadana contribuye a la eficiencia del transporte público, al considerar las opiniones de los usuarios, se pueden diseñar rutas más directas, lo que reduce los tiempos de viaje y la congestión. Finalmente, involucrar a los ciudadanos crea un ambiente de transparencia y confianza. Los usuarios se sienten informados y parte activa del proceso, lo que fortalece la relación entre la comunidad y las autoridades de transporte.
¿De dónde podría surgir el impulso para la conformación de figuras de participación ciudadana?, ¿cómo se podrían articular de forma eficiente los esfuerzos de base e institucionales que promueven la participación en temas relativos al transporte urbano?, ¿qué avances o mejoras reales permitiría la participación en el transporte para su planificación, gestión y operación?, y ¿cuáles serían los retos que se presentan para el éxito de las diversas formas de participación ciudadana en el corto, mediano y largo plazo?
Considerando que en general la gente responde a la lógica de “a cada problema, una solución”, pareciera pertinente apuntar hacia el establecimiento de metodologías más abiertas, que rompan los esquemas clásicos de acercamiento a la población y que así posibiliten la participación ciudadana.
Es importante resaltar que participar, no es legitimar decisiones ya tomadas. Eso se considera participación en términos formales. Lo que interesaría, sería intervenir en las decisiones en términos reales, y no formales. La participación real se presenta en sí misma generando un plusvalor a la hora de mejorar la gestión. Esto debido a que la gente, en ese proceso de participación real se compromete, por lo que es más fácil lograr, producir impacto, al integrar una visión y una lógica de trabajo que complementa las de las profesionales con la gente que vive el problema, generando así un diagnóstico y alternativas de solución a los problemas más complejos, dado que consideran las percibidas por los “dolientes” con las de los que manejan aspectos técnicos.
¿Cuáles son las alternativas para superar el colapso del sistema burocrático? Este es uno de los retos más importantes en el ámbito local del transporte y la planificación urbana en las ciudades latinoamericanas para poder lograr una participación efectiva y permanente que pueda superar los constantes choques con la realidad de escasez de recursos, desconocimiento de competencias en representantes del propio Estado y burocratismo aún presentes en nuestras instituciones.
Pareciera que aún falta mucho camino por recorrer. Por un lado, porque el Estado y sus instituciones tendrían que tomar conciencia sobre las ventajas que les traería la participación de los ciudadanos en su gestión y no como una imposición. Por el otro, porque los ciudadanos entenderían que ellos también son responsables de la eficiencia, eficacia, efectividad y efectos de las políticas de su municipio. Asimismo, deben saber que para lograr esto los ciudadanos deben conocer sus derechos y deben estar convencidos de que la participación los beneficiará.
La participación ciudadana en los servicios públicos parte de un enfoque valioso que busca mejorar la calidad y eficiencia de éstos al identificar necesidades específicas y desafíos, generar conexión, sentirse parte activa de los procesos, entre otras.
