José A. Barbero / Instituto del Transporte / Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina
Las ciudades en América Latina, al igual que en otras regiones del mundo, han mostrado una expansión territorial que frecuentemente crece a una tasa que supera la de la población. Ello implica viajes más largos (en áreas urbanas caracterizadas por una fuerte concentración de empleo en áreas centrales y residencias en la periferia), con su impacto en términos de mayor tiempo de viaje y costo para los usuarios, menores coeficientes de productividad en los servicios de transporte público y una mayor contribución a las diversas externalidades negativas del transporte motorizado, como la emisión de GEI y los impactos sobre la salud pública (accidentes, emisiones contaminantes). Este proceso generalmente viene acompañado de una creciente motorización y de una propensión al transporte individual. Pero la extensión territorial tiene un efecto adicional: al expandirse la mancha urbana suele sobrepasar su área administrativa original, por lo que la planificación y gestión de la movilidad, antes a cargo de una autoridad, ahora requiere de la coordinación de varias.
Efectivamente, la unidad funcional de los problemas del transporte urbano demanda el tratamiento conjunto de numerosos aspectos. En algunos casos puede ser suficiente la coordinación entre las jurisdicciones intervinientes, como por ejemplo en la planificación de la red vial entre entidades territoriales contiguas. Pero en otros se requiere una gestión integrada, como por ejemplo en el transporte público, en el que ello es imprescindible debido a factores tales como el alcance metropolitano de las rutas, la necesidad de tarifas únicas e integradas, el potencial de aprovechamiento de las economías de escala, o la equiparación de la calidad de servicio entre áreas contiguas.
El diseño de una entidad que permita ese tratamiento conjunto – una autoridad de transporte metropolitano – requiere adoptar una serie de definiciones: su área de influencia, el esquema asociativo de las jurisdicciones que la integren y su base legal, las funciones y responsabilidades que se le asignan para poder cumplir efectivamente sus objetivos, la estructura de gestión y los atributos y recursos con que va a contar. Las funciones posibles de una autoridad metropolitana de transporte (que pueden variar sensiblemente de acuerdo con las dimensiones y características de los conglomerados urbanos) son – en un listado no exhaustivo – las siguientes:
La organización de una entidad que cumpla con algunas o todas estas funciones requiere de una estructura de gestión (típicamente un directorio, acompañado por una oficina técnica profesional permanente), de los recursos humanos adecuados (que dependerán de las funciones que abarque), de un esquema de financiamiento (con aporte de los gobiernos integrantes, tasas o impuestos que recauda la entidad), y de una hoja de ruta para su evolución, ya que este tipo de institución normalmente se desarrolla a lo largo del tiempo: no “nacen completas”.
En el mundo hay numerosos ejemplos de conglomerados urbanos que han establecido autoridades metropolitanas del transporte, cuyo análisis permite extraer múltiples enseñanzas, tales como:
- Los modelos de autoridades regionales de transporte varían considerablemente; no hay un modelo único.
- Se encuentran enfocadas más hacia el transporte público que a la red vial y la circulación vehicular, con una tendencia a avanzar hacia un manejo integral de la movilidad.
- La mayoría tienen un comité directivo y un comité técnico de apoyo.
- El financiamiento se basa en los fondos públicos provistos por el gobierno nacional y por las entidades subnacionales involucradas, y por algunos ingresos especiales; la capacidad financiera es un aspecto clave para su continuidad.
- Es de esperar que la autoridad evolucione con el tiempo.
- Es muy conveniente ofrecer algo valorado por el público desde el inicio, para ganarse el respeto de la sociedad y perdurar.
- Su capacidad interna y el apoyo externo son factores clave para el éxito.
El diseño de una autoridad metropolitana debe partir de una cuidadosa propuesta de los objetivos a cumplir (ajustado a las necesidad del área urbana en cuestión), como por ejemplo: (i) mejorar la calidad de vida de la población mediante mejores servicios de transporte público integrado y una mayor accesibilidad; (ii) reducir las emisiones y la congestión, promoviendo el cambio modal hacia el transporte público y el no-motorizado; (iii) contribuir a la eficiencia económica de la región urbana, propiciando la atracción de inversiones y la generación de empleo; (iv) contribuir a la consolidación de áreas urbanas sostenibles y resilientes.
El diseño y la implementación de nuevas instituciones es una tarea compleja, cuya utilidad debe ser claramente demostrable para la población: no se trata de una nueva construcción burocrática, sino de una entidad sin la cual no es posible ordenar adecuadamente la movilidad de una región que abarca diversas jurisdicciones. Por eso a los esfuerzos técnico/administrativos necesarios para poner en marcha una autoridad metropolitana es preciso sumarle una consistente estrategia de participación ciudadana, y otra de comunicación que demuestre su necesidad.
La movilidad urbana en las grandes metrópolis constituye un gran desafío, que requiere una visión integral, orientada al desarrollo sostenible. Ello implica una tarea de coordinación y planificación estratégica, que no se debe limitar a las tradicionales mejoras en la oferta (en los servicios de transporte público, en la gestión del tránsito, en la logística urbana, en las redes para el transporte).
