Escrito por: Stephan Brodziak
Activista por la en Seguridad Vial
X:@sbr9
Sólo cuando construimos el futuro tenemos derecho a juzgar el pasado.
F. Nietzsche
18 meses en falta lleva la Ciudad de México con respecto a lo mandatado por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), publicada en mayo de 2022, la cual dio 180 días naturales a los Congresos de los estados para armonizar o crear sus leyes de movilidad locales acorde a esta ley.
Si bien la Ley de Movilidad de Ciudad de México (LMCDMX), publicada en 2014, es la segunda en la historia jurídica del país (la primera fue la de Jalisco) y fue una buena ley que dio pie a un reglamento de tránsito de avanzada, esta no alcanza a cubrir a cabalidad los objetivos de la LGMSV: “…establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” Derecho que ya alcanzó nivel constitucional con la reforma al artículo 4to. en 2020.
Desde El Poder del Consumidor, junto con otras organizaciones y personas especialistas en materia jurídica, de movilidad y seguridad vial, hemos estado presionando al Congreso y a la Jefatura de Gobierno, incluida la Secretaría de Movilidad, para que incluya partes esenciales de la LGMSV de manera explícita en su actualización:
- Los cinco factores de riesgo: gestión de velocidades, uso del cinturón, niveles de alcoholemia, uso de sistemas de retención infantil y uso de casco homologado en motociclistas.
- Provisiones específicas para gestionar las flotillas públicas y de uso intensivo de la vialidad bajo criterios internacionales de seguridad vehicular.
- El etiquetado de seguridad vehicular para la venta de autos nuevos.
- El uso de la tecnología para la prevención y captación de infracciones.
- Seguro obligatorio de daños a terceros.
- Derechos de víctimas.
- Dar reconocimiento a las escuelas de manejo como parte obligatoria del proceso de capacitación de conductores nóveles para la obtención de licencias.
- Desarrollar el marco normativo para la operación de la micromovilidad; entre otras.
Dicho sea de paso, estas recomendaciones no son un capricho de quienes las promovemos, ni estamos inventando ningún hilo negro, sino que son aspectos fundamentales no sólo de la LGMSV, sino de las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (ver el Plan Mundial para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial).
El lector quizás pueda preguntarse ¿y por qué estas recomendaciones tienen un estatus cuasi sagrado para quienes promovemos la seguridad vial? La respuesta es muy sencilla: es lo que está probado en el mundo que salva vidas y reduce el sufrimiento humano.
En síntesis, no necesitamos experimentar, como tristemente sí lo hizo el Gobierno de Ciudad de México al eliminar el programa fotomultas e “innovar” con las fotocívicas y reclasificar 11 vías altamente transitadas para aumentar los límites de velocidad.
Es lamentable que, por ejemplo, en Europa las fotomultas ya ni siquiera son tema de conversación y llevan más de 3 décadas siendo aceptadas por la población y, más importante aún, salvando vidas. Mientras que en Ciudad de México, los experimentos han tenido como resultado un incremento en la tendencia de mortalidad de 2018 a 2019.
En un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública se analizan las cifras de mortalidad en el cambio de administraciones, ahí se puede ver que de 2016 a 2018 hubo un descenso anual del 20.8% en muertes viales, mientras que, en el primer semestre de 2019, hubo un incremento en la mortalidad de 59.8%. Lo que llevó a la Ciudad de México a ocupar el tristísimo primer lugar en el incremento en la tasa de mortalidad (60.4% ¡¡SIC!!) de 2019 a 2020. Y tampoco podemos dejar de mencionar la indolencia que desembocó en el trágico colapso de la línea 12 del Metro, que bien hubiera podido ser evitado pues esas tragedias no ocurren sin anunciarse.
Desde luego que no todo es oscuridad, reconocemos también los esfuerzos que sí han sido efectivos para consolidar la movilidad de los capitalinos en condiciones de seguridad vial: las ciclovías de Insurgentes y Camarones, el fortalecimiento del programa de bicis públicas Ecobici, la recuperación de la red de trolebuses, la incorporación de criterios de seguridad vehicular para la integración de nuevos taxis y la introducción de un nuevo modo de movilidad: el cablebús.
Por el momento no podemos saber a ciencia cierta cuál es la razón en el retraso de la armonización de la LMCDMX por parte del Congreso. Lo cierto es que ya sabemos cuáles son las acciones que se tienen que implementar para que no se sigan perdiendo más vidas en las calles de nuestra ciudad, independientemente de candidatos y candidatas, de partidos y alianzas, quien sea que ocupe la jefatura de gobierno y las curules del Congreso local, debe escuchar lo que los datos nos muestran y actuar con base en la evidencia que existe en el mundo de aquello que permite reducir muertes y lesiones viales.
Debemos indudablemente corregir el rumbo, y armonizar debidamente la LMCDMX, tener la base jurídica es un primer gran paso para reducir muertes y evitar el imponderable sufrimiento humano. Actualizar nuestra Ley de Movilidad local es un deber ético y una obligación legal. Sigamos construyendo hoy el futuro que queremos para nuestras hijas e hijos y para las generaciones que les sucederán.
