En diversas ciudades mexicanas se abordan políticas de transporte y movilidad basadas en la priorización del automóvil, en las que se ha relegado al transporte y los espacios públicos a un papel secundario. Esto ha supuesto la exclusión de los grupos sociales más desfavorecidos, es decir, aquellas personas con alguna discapacidad física, adultos de edad avanzada, niños y personas con bajos ingresos económicos, entre otros.
