Aunque aún hay mucho por hacer, en la última década, México ha tomado pasos trascendentales para transformar su sistema de movilidad y asegurar que cada persona en el país, independientemente de su situación económica o geográfica, tenga garantizado el derecho a una movilidad segura, accesible y sostenible.
El derecho a la movilidad fue incorporado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de diciembre de 2020, mediante la reforma al artículo 4 constitucional. Esta modificación estableció que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, marcando un hito en la legislación mexicana al elevar la movilidad al rango de derecho constitucional.
Este cambio fue fundamental para impulsar la creación de marcos legales y políticas públicas, como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), aprobada en 2022, así como la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. A pesar de estos avances, la implementación efectiva de estas iniciativas enfrenta importantes desafíos, que van desde la falta de recursos financieros hasta la necesidad de mejorar la infraestructura en muchas zonas del país.
Uno de los pilares clave para garantizar la movilidad como un derecho humano en México ha sido el desarrollo de un marco legal que reconozca la importancia de este tema en la vida cotidiana de los ciudadanos.
México ha logrado avances importantes en la promoción de una movilidad más digna, accesible y segura para todos sus ciudadanos, pero los desafíos para la plena implementación de estas políticas aún son significativos.
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV)
La LGMSV, promulgada en 2022, es un avance histórico en la legislación mexicana en materia de movilidad. Por primera vez, se establece que la movilidad es un derecho humano y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Esta ley tiene un enfoque integral, priorizando el transporte público, los peatones y ciclistas por encima de los vehículos privados, lo que marca un cambio de paradigma en la política de movilidad.
Entre los objetivos principales de la LGMSV se encuentran:
Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial
A la par de la aprobación de la LGMSV, el gobierno federal de la mano de organizaciones y sociedad civil organizada integró la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, un plan que busca reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito, uno de los principales problemas de seguridad pública en el país. Esta estrategia se basa en un enfoque de “sistema seguro”, que pone el énfasis no solo en la conducta de los usuarios, sino también en la responsabilidad de las autoridades para crear condiciones seguras en las vías.
Las principales líneas de acción de esta estrategia incluyen:
Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano
Alineada con la LGMSV, la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano busca mejorar la calidad del transporte colectivo en las ciudades, al tiempo que se reducen los impactos negativos del transporte motorizado en términos de contaminación y congestión. Esta política tiene como objetivo no solo modernizar la flota de transporte público, sino también garantizar que sea accesible y asequible para todos los sectores de la población, con especial énfasis en las zonas de mayor pobreza y marginación.
Este enfoque parte de la realidad de que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 30% de la población en México utiliza el transporte público como su principal medio de transporte, pero en muchas ciudades este servicio es deficiente, caro y poco confiable.
El camino hacia la consolidación de la movilidad como un derecho humano pasa por una mayor inversión en infraestructura, una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno y un cambio en la cultura vial del país.
Transporte público deficiente
A pesar de los esfuerzos por mejorar el transporte público, en muchas ciudades sigue siendo insuficiente y de baja calidad. Según un estudio realizado por El Poder del Consumidor, más del 60% de los usuarios del transporte público en México consideran que el servicio es deficiente. Las principales quejas incluyen largas esperas, inseguridad, el mal estado de las unidades, y la falta de limpieza en las unidades.
El problema es más grave en las ciudades intermedias, donde la inversión en infraestructura de transporte ha sido limitada. Luis Gutiérrez, director de movilidad de la organización México Previene, advierte que “en ciudades como Ciudad Juárez, Puebla o León, la dependencia del automóvil es alarmante porque el transporte público es prácticamente inexistente o está muy mal organizado. Esto va en contra de los objetivos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.
Las características de una movilidad digna, sostenible y segura deben guiar los esfuerzos futuros para que este derecho sea una realidad tangible para todos los mexicanos.
La visión de los expertos en movilidad es clara: los avances en la legislación son positivos, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que la movilidad sea un derecho efectivo en todo el país.
Ramón Cruz, presidente del ITDP, destaca que “la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es un gran paso, pero debemos asegurarnos de que se implemente adecuadamente en todas las regiones del país. Esto requerirá no sólo una mayor inversión en infraestructura, sino también una mejor coordinación entre los niveles de gobierno”.
Por su parte, Ana Laura Huerta señala que “es fundamental que los ciudadanos se involucren en la creación de políticas de movilidad. Sin un cambio en la cultura vial, los accidentes de tránsito seguirán siendo una de las principales causas de muerte en el país”.
La organización México Previene ha subrayado la importancia de que las políticas de movilidad estén centradas en las personas y no en los vehículos. Según su director, Luis Gutiérrez, “la dignificación del transporte público debe ir de la mano con una infraestructura segura y accesible para todos los peatones y ciclistas”.
Finalmente, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) ha reiterado que la educación vial es un componente crucial para mejorar la seguridad en las carreteras y calles del país. Según su vocero, “sin una inversión significativa en campañas de concienciación y programas educativos, las políticas de movilidad no lograrán su objetivo final”.
Los avances en la legislación son positivos, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que la movilidad sea un derecho efectivo en todo el país.
