Durante una sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó una serie de acuerdos legislativos relacionados con el transporte público, entre los que destaca el exhorto al Gobernador para vetar el incremento a la tarifa autorizado por el Comité Técnico Tarifario, con el objetivo de que el ajuste sea revisado bajo criterios de rigor técnico, impacto social y viabilidad presupuestal. Como parte de esta postura, las y los diputados solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Popular del Estado la convocatoria a un referéndum ciudadano sobre el aumento tarifario, así como informar al Poder Legislativo sobre las acciones que se deriven de dicha solicitud.
En el mismo paquete de acuerdos, el Congreso avaló la creación de una Comisión Especial Legislativa, de carácter temporal, encargada de vigilar la mejora del servicio del transporte público. Esta instancia tendrá facultades para revisar y diagnosticar las condiciones del servicio, coordinarse con el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, auditar a concesionarios y operadores, y emitir un dictamen técnico que determine si se cumplen las condiciones para mantener la tarifa de 14 pesos o, en su caso, reducirla a 9.50 pesos. Asimismo, se solicitaron informes técnicos consolidados a las secretarías de Hacienda Pública y de Transporte, así como la comparecencia de sus titulares, a fin de conocer la metodología, el análisis de indexación, el impacto social y el esquema de subsidio por viaje asociado al incremento tarifario.
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Paralelamente, las y los legisladores aprobaron exhortos a la Contraloría del Estado y a la Auditoría Superior del Estado para revisar procesos de adjudicación vinculados a la operación de la Tarjeta Única de transporte y a contratos relacionados con la modernización en la entrega de beneficios sociales, con el propósito de fortalecer la fiscalización y la transparencia en el uso de recursos públicos asociados al sistema de movilidad.
Aseguran que es inviable
Ante estos acuerdos, el Gobierno de Jalisco fijó una postura en la que calificó como jurídicamente improcedente la solicitud de referéndum, al señalar que la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado excluye expresamente de este mecanismo a las disposiciones de carácter contributivo, entre las que se encuentran las tarifas del transporte público. De acuerdo con el Ejecutivo estatal, el ajuste tarifario deriva de un acuerdo administrativo emitido por el Poder Ejecutivo y publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2025, por lo que no es susceptible de ser sometido a consulta a solicitud del Congreso.
Adicionalmente, el Gobierno del Estado sostuvo que el acuerdo legislativo se dirigió a un canal institucional incorrecto, ya que la autoridad competente para conocer y, en su caso, convocar a un referéndum es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), y no el Consejo de Participación Ciudadana y Popular. Finalmente, el Ejecutivo reiteró su compromiso con la legalidad, la participación ciudadana y el diálogo institucional, subrayando que cualquier mecanismo de revisión o participación debe apegarse estrictamente al marco jurídico vigente.
