El Congreso del Estado de Colima aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Hacienda estatal con el objetivo de modernizar el marco normativo que regula diversos aspectos del transporte público y la movilidad. Las reformas buscan brindar mayor certeza jurídica a los concesionarios, actualizar el esquema de derechos aplicables al sector e incorporar disposiciones orientadas a construir un sistema de transporte más accesible e incluyente.
Con 17 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención, la LXI Legislatura avaló cambios que impactan temas relacionados con la transmisión de concesiones, el transporte adaptado para personas con discapacidad, los servicios privados operados mediante plataformas tecnológicas y el aprovechamiento de la infraestructura destinada al transporte público.
Uno de los ajustes más relevantes consiste en la modificación del marco legal para la cesión o transmisión de derechos de las concesiones. La reforma elimina restricciones en la redacción vigente para facilitar este tipo de operaciones y otorgar mayor seguridad jurídica a los transportistas. De acuerdo con el dictamen legislativo, la actualización responde a la necesidad de formalizar procedimientos que ya existen en la práctica y ofrecer reglas más claras para el sector.
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En materia de movilidad incluyente, el Congreso incorporó un apartado específico para el transporte público adaptado, tanto en su modalidad individual como colectiva. Con ello se busca fortalecer las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad y consolidar un marco legal que reconozca la importancia de garantizar desplazamientos seguros, dignos y sin barreras para este grupo de la población.
“El objetivo es fortalecer la certeza jurídica en el transporte público, dar claridad al pago de diversos derechos e impulsar una movilidad más incluyente mediante disposiciones que favorezcan la accesibilidad y la formalización del sector”, establece el dictamen aprobado por las comisiones legislativas.
Las reformas también actualizan las disposiciones relacionadas con los permisos y su vigencia. El nuevo esquema amplía algunos periodos de autorización de tres a cinco y hasta siete años, sin incrementar el valor de las Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que, de acuerdo con el Congreso, permitirá reducir la carga económica para los permisionarios al disminuir la frecuencia de los trámites de renovación.
Otro de los cambios incorpora en un mismo apartado el cobro de derechos por permisos y renovaciones para los servicios privados de transporte contratados mediante aplicaciones tecnológicas, con el propósito de brindar mayor claridad administrativa y homologar el tratamiento de estos servicios dentro de la legislación estatal.
Finalmente, la reforma crea un nuevo capítulo relacionado con el uso y aprovechamiento de los puntos de parada del transporte público. La medida establece el pago de permisos para quienes desarrollen infraestructura en estos espacios, aunque contempla exenciones cuando la inversión supere las 600 UMAS o cuando los proyectos sean impulsados por los ayuntamientos. Con ello se busca incentivar la mejora de paraderos y fortalecer la infraestructura que utilizan diariamente miles de usuarios del transporte público en Colima.
