Escrito por: María Fernanda García Alarcón / Urbanista
Hace dos años, mientras caminaba hacia mi casa en la Colonia Juárez, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, sufrí un accidente que cambió mi vida. Perdí la movilidad total de mi pie derecho y, aunque con el tiempo mi condición ha mejorado, la realidad es que nunca volveré a moverme de la misma manera. Esta experiencia me ha llevado a reflexionar y a vivir la ciudad desde una perspectiva diferente: la de quienes, de manera temporal o permanente, dependen de infraestructura accesible para desplazarse con seguridad. Y en la Ciudad de México, esa seguridad sigue siendo una deuda pendiente.
En 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en conjunto con el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, presentó un informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. De este documento rescato el concepto de derecho a la movilidad, el cual denota que el tránsito de una persona en cualquier espacio urbano varía si es joven o adulta mayor, heterosexual o transgénero, indígena o extranjera. Este análisis nos lleva a cuestionarnos cómo cada individuo vive la ciudad dependiendo de sus capacidades físicas, psicológicas, económicas e incluso emocionales. De igual manera, el informe destaca cómo el estado de los espacios públicos influye en la percepción de inseguridad y en la confianza de la población hacia las instituciones responsables de garantizar su bienestar.
Si consideramos el derecho a la ciudad como la posibilidad de transitar libremente y en entornos seguros sin importar nuestras condiciones físicas, resulta alarmante el deterioro de las banquetas en la capital. Huecos, desniveles, baldosas sueltas, elementos colgantes, tiraderos de basura, el ambulantaje, personas en situación de calle y rampas mal diseñadas pueden convertir un simple trayecto en un campo de obstáculos.
Según datos del INEGI, en 2020 se reportó que alrededor del 6.2% de la población mexicana vive con alguna discapacidad. Esto quiere decir que aproximadamente 7.8 millones de personas en el país pueden llegar a experimentar dificultades para desplazarse en su ciudad. A pesar de ello, la infraestructura sigue sin adaptarse a sus necesidades. El problema no solo radica en la falta de recursos destinados a la accesibilidad, sino también en la ausencia de un enfoque integral que contemple el mantenimiento constante y la inclusión de todas las personas en el diseño urbano.
La Ciudad de México cuenta con el Manual de Normas Técnicas para la Accesibilidad, publicado en 2016, el cual describe a las personas con movilidad limitada como aquellas que, de forma temporal o permanente, debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Este documento se publicó con el fin de ser una herramienta de apoyo para proyectos de planeación y construcción, garantizando espacios accesibles para todas las personas. En 2024, el manual fue actualizado con criterios más amplios, incorporando las opiniones de urbanistas, arquitectos y expertos en inclusión. Además, estableció normativas obligatorias para garantizar la accesibilidad universal, un paso que, aunque positivo, aún requiere acciones concretas para traducirse en mejoras evidentes.
Sin embargo, desde mi experiencia, cada paso es un riesgo de caída, y la opción de caminar con tranquilidad desaparece. Este problema no solo afecta a personas con discapacidad permanente, sino también a adultos mayores, personas con carriolas o cualquier ciudadano que, por un accidente o enfermedad temporal, tenga dificultades para moverse. El abandono de infraestructura básica para la movilidad peatonal, como lo son las banquetas, no solo genera inseguridad, sino que refuerza la desigualdad. Al no poder desplazarse libremente, muchas personas ven afectada su independencia, su acceso al trabajo y su derecho a disfrutar del espacio público. Además, la falta de banquetas adecuadas también impacta la movilidad de los peatones en general, fomentando el uso excesivo de vehículos motorizados y reduciendo la calidad de vida urbana. ¿De qué sirve un discurso de inclusión si pareciera que las ciudades están diseñadas para dejar atrás a los más vulnerables?
La Ciudad de México presenta banquetas en mal estado, con huecos, desniveles y obstáculos que afectan la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y peatones en general.
En 2021, la Alcaldía Cuauhtémoc implementó la Jornada Integral de Mejoramiento del Entorno Urbano, cuyo objetivo principal era ordenar el comercio ambulante y mejorar la imagen urbana para que la ciudad se percibiera más limpia, segura y accesible. Sin embargo, estas acciones se centraron en regular el espacio asignado a los vendedores informales sin considerar un plan integral para mejorar la circulación peatonal o dar mantenimiento continuo a las banquetas.
Para el año 2023, se consideró un presupuesto para la alcaldía de aproximadamente 3,538,556.60 millones de pesos, de acuerdo con la información remitida al Congreso de la Ciudad de México, de los cuales solo se invirtieron 43.8 millones en la ejecución de obras de urbanización. Sin embargo, basta caminar unos cuantos pasos para observar que la inversión tangible aún dista de lo que se presenta en los informes. Esta situación deja en evidencia la falta de voluntad política y de prioridad en la agenda de movilidad incluyente.
En el periodo 2021-2024, la alcaldía “presumió” ser incluyente al fomentar programas como Banquetas Seguras para Caminar Seguros, pero la realidad es que su infraestructura expulsa a quienes no cumplen con un estándar de movilidad “normalizada”. Para quienes necesitan bastones, muletas o sillas de ruedas, salir a la calle es una batalla diaria. Las opciones de transporte tampoco son completamente accesibles: muchas estaciones del Metro carecen de elevadores funcionales y las unidades de transporte público tienen diseños poco adaptados. Además, los taxis y servicios de transporte privado rara vez cuentan con vehículos accesibles, limitando aún más las alternativas de movilidad para las personas con discapacidad temporal o permanente.
Si la Ciudad de México realmente aspira a ser incluyente, el primer paso es garantizar que todos podamos transitarla con seguridad. Eso comienza por algo tan básico como banquetas bien diseñadas, accesibles y en buen estado. También es fundamental que las autoridades destinen mayores recursos para el mantenimiento y ampliación de infraestructura peatonal, y que se tomen en cuenta las necesidades de las personas con movilidad reducida en los planes de desarrollo urbano. Hasta que esto no sea una prioridad, seguiremos siendo una ciudad que presume inclusión, pero practica la exclusión.
A pesar de normativas como el Manual de Normas Técnicas para la Accesibilidad y programas gubernamentales, la infraestructura urbana sigue excluyendo a quienes tienen movilidad reducida, reforzando desigualdades y limitando su derecho a transitar libremente.
