La suspensión de operaciones de la empresa Circuito Metropolitano S.A. de C.V. provocó este jueves afectaciones masivas en el sistema de transporte Va y Ven en Mérida, luego de que la concesionaria dejara de prestar servicio en varias rutas urbanas utilizadas diariamente por miles de personas usuarias.
La compañía, una de las seis concesionarias que participan en el modelo Va y Ven, opera alrededor de 45 unidades y cuenta con aproximadamente 90 operadores. De acuerdo con cifras oficiales, moviliza diariamente a más de 100 mil pasajeros en distintos puntos de la capital yucateca y funciona además como conexión con otros corredores del sistema.
Según información difundida por la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), la interrupción ocurrió por “situaciones internas” de la empresa. Ante ello, el organismo activó un protocolo emergente con apoyo de otras cinco concesionarias para cubrir parcialmente los recorridos afectados.
Las unidades emergentes comenzaron a incorporarse a las rutas alrededor de las 9:30 de la mañana con el objetivo de restablecer la movilidad de las personas usuarias que quedaron varadas tras el paro inesperado.
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El conflicto ocurre en medio de recientes modificaciones al esquema de financiamiento del sistema Va y Ven. Las reformas eliminan el modelo conocido como “kilómetro garantizado”, mediante el cual las empresas concesionarias recibían pagos por una cantidad fija de recorrido, independientemente de la distancia efectivamente operada.
Con el nuevo esquema, las autoridades estatales pagarán únicamente por kilometraje comprobado. Es decir, las empresas deberán acreditar la totalidad de los trayectos realizados para acceder al pago correspondiente.
De acuerdo con la ATY, entre 2024 y lo que va de 2026, Circuito Metropolitano recibió más de 278 millones de pesos relacionados con la operación del servicio. Del total, cerca de 178 millones fueron entregados directamente a la empresa y alrededor de 100 millones se destinaron al pago de unidades.
La Agencia aseguró además que durante ese periodo la concesionaria dejó de recorrer aproximadamente 2.1 millones de kilómetros, equivalentes a más de 42 millones de pesos cobrados por servicios que presuntamente no se realizaron.
“La suspensión de este servicio constituye una infracción reincidente grave a la Ley de la Agencia de Transporte”, informó el organismo estatal al fijar postura sobre el paro de actividades.
La autoridad también precisó que existe un saldo pendiente cercano a los 8 millones de pesos a favor de la empresa, aunque señaló que el recurso se encuentra dentro de un proceso administrativo regular.
Mientras continúan las negociaciones entre ambas partes, el conflicto exhibe las tensiones financieras y operativas que enfrenta el modelo de transporte concesionado en Yucatán, particularmente en torno a los mecanismos de subsidio, supervisión de recorridos y continuidad del servicio para las personas usuarias.
