Por: Ivonne Arriaga
Al participar en el panel Movilidad Segura, Eficiente y Sustentable que se realizó en la Ciudad de Puebla como parte de Expo Transporte, José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la CANACAR, señaló que una vez que fue aprobada la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), uno de los aspectos importantes para que funcione adecuadamente, serán los recursos que se destinen para que los mexicanos tengan un sistema de movilidad digno.
Al ser consultado si la propuesta para atender el rubro de la movilidad incluida en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023, entregado a la Camara de Diputados, es suficiente, el directivo señaló “no, claro que no es suficiente” sin embargo reconoció que es un proceso largo que habrá de ajustarse luego de la aprobación de la ley.
El marco jurídico es fundamental (la reforma a la constitución que dio paso a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial), pero no es suficiente, viene la estrategia y lo más importante, son los recursos con los que se habrá de implementar dijo el directivo.
Por su parte, Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) expresó que en el correcto funcionamiento de esta ley tienen responsabilidad en su articulación e implementación, el sector transportista y las autoridades, aspecto en el que también coincidieron las y los panelistas convocados.
“La ley puede ser un buen compendio de intenciones pero implementarla y respetarla, le corresponderá a todos los sectores, pero tenemos que ser claros, tenemos capacidades tanto operadores como autoridades, hay que reconocer que el usuario no tiene el transporte público que necesita y es ahí donde tenemos que trabajar de manera conjunta, esto no se soluciona ni con una ley ni con buenas intenciones” dijo Nicolás Rosales.
El líder transportista reconoció que en la Ciudad de México aún se tienen microbuses con más de 25 años de vida, sin embargo acotó que hay una responsabilidad de operadores y autoridades “hay que pensar que no solamente es suficiente cambiar el esquema hombre-camión a empresa, tenemos que invertir en unidades de mayor capacidad y de mayor tecnología así como sistemas de información que permitan una mejor operación; pero ahorita no tenemos condiciones tenemos que buscar esquemas financieros e incentivos fiscales que nos permitan dar un transporte sostenible y sustentable”
Lo anterior dijo Rosales, ya que durante 2020, primer año de la pandemia por Covid-19, los operadores de transporte público en América Latina perdieron entre 380 y 400 millones de dólares mensuales, según reportes del Banco Mundial. En México dijo las pérdidas del sector se estiman en 28 mil millones de pesos entre abril y diciembre de ese año, y en 18 mil millones entre enero y septiembre de 2021, de acuerdo con reportes del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), lo que arroja un total de 46 mil millones.
Retos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Las expertos invitadas al panel de movilidad sustentable que se lleva a cabo dentro de las actividades de Expo Transporte, coincidieron en que con la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, hay diversos retos por atender.
Angélica Vesga en representación de WRI expresó que con la publicación de esta ley, México se suma a diversos retos en el contexto global, uno de ellos la reducción de emisiones para mitigar el efecto del cambio climático y la minimización de las brechas de desigualdad qué hay en materia de transporte ya que los habitantes no tienen el sistema que requieren.
Por su parte Roxana Montealegre, directora de Movilidad en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) agregó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, representa un parteaguas en la gestión pública, sin embargo dijo que todos los sectores involucrados tendrán mucho que aportar a partir del próximo 11 de octubre, fecha de instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en apego a lo dispuesto en la LGMSV.
Como parte de este sistema recordó que la instancia que representa, discutirá con los sectores involucrados entre otros temas, la aprobación de los Lineamientos y presentación de la propuesta de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial además de la propuesta de armonización de leyes para no generar sobrerregulación además de la generación de mecanismos para mejorar el transporte público.
Patricia Vizcaya, directora jurídica y de normatividad en la Asociación Nacional de Transporte Privado, destacó que en México existen 22 sistemas de transporte masivo tipo BRT los cuales no terminan el día que se inauguran sino que, hay que darles seguimiento para su correcta operación esto de la mano de operadores de transporte y autoridades con apego al marco jurídico como lo marca la recién aprobada Ley General de Movilidad. La directiva recordó que aproximadamente cada hogar invierte el 18% de sus ingresos en transporte por lo que está ley les dará certeza a los usuarios.
