ESCRITO POR: Pablo Lazo Elizondo
Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad del WRI / pablo.lazo@wri.org
De continuar la tendencia muchas ciudades mexicanas deberán incrementar su capacidad de recaudación en hasta 244 por ciento, señalan.
Luego de un análisis riguroso basado en evidencias de ocho zonas metropolitanas: Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Reynosa, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán, la Coalición por la Transformación Urbana en México demostró que los patrones de crecimiento urbano actuales son insostenibles financieramente en el futuro y que las estrategias de ordenamiento urbano deben adecuarse al contexto y particularidades de cada ciudad.
Las ciudades mexicanas se enfrentan a un triple reto que obstaculiza su transformación hacia un modelo urbano compacto, conectado, coordinado, limpio y equitativo (3C+LE): la expansión urbana sin control, las emisiones de contaminantes y la desigualdad en el acceso al empleo y al equipamiento urbano.
La expansión urbana en los últimos veinte años se ha verificado de forma más acusada en ciudades intermedias, especialmente en las localidades periurbanas y rurales de las zonas metropolitanas, con crecimientos cuatro veces superior que el de las localidades urbanas de esas ciudades.
La expansión ha traído aparejada incrementos en las emisiones de contaminantes atmosféricos – principalmente partículas PM10 y PM25– y gases de efecto invernadero, sobre todo en ciudades pequeñas y medianas, en cierta medida derivado de un aumento significativo de congestión vehicular.
Por último, las nuevas periferias urbanas son espacios de segregación socioespacial, con escasas oportunidades de empleo informal y con un acceso deficiente a los satisfactores urbanos que mejoran la calidad de vida: empleo formal, centros de salud, equipamiento urbano básico y espacio público. Esto ha exacerbado la polarización en las ciudades mexicanas: la población de mayores recursos concentra el acceso a los satisfactores urbanos y la más desfavorecida está privada de gran parte de estas opciones.
Como consecuencia de los patrones urbanos vigentes en las ciudades mexicanas, en la actualidad la provisión de servicios urbanos, el gasto por los desplazamientos de las familias y el costo por las emisiones derivadas de la construcción, suponen anualmente un gasto equiparable a más del 1% del PIB del país, revela “El costo de la expansión urbana en México”, la tercera publicación de la Coalición por la Transformación Urbana en México, iniciada por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) en enero de 2019.
“La magnitud del costo económico asociado a la expansión depende de la estructura urbana de cada ciudad y de la composición tipológica de su parque habitacional. El costo de provisión de servicios públicos básicos depende de esos factores, y su debido mantenimiento y cobertura depende de la capacidad de recaudación local”, establece el documento dado a conocer recientemente después de la publicación de dos informes previos: “Acciones federales para la planeación urbana: hacia mejores ciudades para todos” y “Las ciudades mexicanas: tendencias de expansión y sus impactos”.
Las implicaciones económicas de la expansión urbana en las ciudades mexicanas tienen una doble dependencia: el costo en llevar infraestructura básica a las viviendas -cada vez más dispersas- y la baja capacidad para recolectar impuestos y cubrir estos costos del crecimiento urbano. En el futuro, la mitad de las ciudades analizadas tendrá retos presupuestales para proveer el mismo nivel de servicios que en la actualidad.
El modelo urbano actual no es sostenible financieramente a largo plazo. En 2050 la mitad de las ciudades analizadas requerirían incrementar su gasto municipal del 48% al 244% para mantener el mismo gasto actual por vivienda en la provisión de servicios públicos urbanos.
La mejor opción para reducir en el largo plazo los costos urbanos es implementar una política de localización residencial cercana a los centros de empleo, que utilice de forma más eficiente el suelo e incremente la densidad. La política de localización por sí misma puede generar ahorros acumulados en los costos anuales de dotación de infraestructura superiores al 5%, lo que favorecería especialmente a la población más vulnerable, con ahorros crecientes a lo largo del tiempo. Por el contrario, la política de densificación sin una adecuada localización puede impactar negativamente en la economía de los hogares vulnerables.
La densificación de periferias lejanas que no se acompañe de políticas de localización puede reducir el costo total de la expansión urbana en algunas ciudades, pero no en todas. Sin embargo, en este escenario posible – aunque no el más recomendable, las familias incurren en mayores costos anuales de desplazamiento, lo que afecta a los grupos más vulnerables.
Las políticas de densificación y de localización no deben implementarse de forma aislada, sino conjuntamente para maximizar sus beneficios, de acuerdo con el contexto particular de cada ciudad. Además requieren de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para garantizar un buen resultado.
Las políticas de localización y densificación se tienen que desarrollar en un contexto de corresponsabilidad en la planeación de todos los órdenes de gobierno. Por ello deben desarrollarse instrumentos de planeación consensuados entre gobiernos y ciudadanía que sean eficientes, transparentes, democráticos y que regulen el futuro crecimiento sostenible de la ciudad.
Las futuras acciones de planeación deben regirse bajo los siguientes tres principios:
1. Corresponsabilidad en la planeación urbana. Los tres niveles de gobierno deben ser responsables de la planeación, pero también el sector privado y la sociedad civil.
2. Focalización del apoyo institucional en las zonas más vulnerables, con una orientación de los recursos en los municipios con menores capacidades institucionales y financieras, pero también en las zonas en las que se concentra la población en situación más precaria o con mayor fragilidad ecológica.
3. Visión integral de la planeación, más allá del ámbito sectorial, con un análisis holístico de los impactos y beneficios del desarrollo urbano a corto y largo plazo.
El aparente intercambio entre productividad y expansión urbana en México puede sugerir un argumento falaz: que para mejorar la economía nacional es necesario que las ciudades crezcan con una reducción en su densidad. Este argumento enmascara otra realidad: con una visión integral de la planeación y una adecuada coordinación entre gobiernos federal, estatal y local, sería factible desarrollar nuevos centros manufactureros, bien conectados a núcleos urbanos de mayor tamaño, con desarrollos habitacionales de usos mixtos, compactos y con un buen acceso a empleos y equipamientos urbanos, a partir de una utilización de suelo con baja productividad agrícola o valor ambiental.
Es decir, es posible lograr un crecimiento planeado y ordenado, respetuoso con el medio ambiente, sin menoscabo de la densidad urbana y que sea eficiente.
