El aumento a la tarifa del transporte público en Xalapa abrió un debate político y social que ahora podría resolverse en las urnas. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, planteó consultar a la población sobre el costo del pasaje y la eventual incorporación de nuevas unidades, luego de semanas de protestas y cuestionamientos por el alza.
Desde el 26 de enero de 2026, la tarifa general en la capital pasó de 9 a 12 pesos, mientras que para estudiantes y personas adultas mayores aumentó de 6 a 7 pesos. El ajuste, equivalente a un incremento de 33% en la tarifa general, detonó movilizaciones ciudadanas y críticas de actores políticos, quienes señalaron falta de diálogo previo.
Te recomendamos leer: Viajar en el Tren Maya, una experiencia turística desde la planeación del transporte
El conflicto se agudizó tras un paro de transportistas en el puerto de Veracruz, derivado de la negativa estatal a autorizar incrementos tarifarios en esa zona. En ese contexto, el gobierno requisó unidades nuevas de la línea Autobuses Ulúa, vehículos de origen chino comercializados por Yutong, que habían sido adquiridos mediante un fideicomiso para renovar el parque vehicular.
En la discusión también intervino el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien respaldó la idea de someter el tema a consulta, pero advirtió que un aumento tarifario no garantiza por sí mismo la modernización del servicio. Planteó que cualquier ajuste debe acompañarse de metas verificables: renovación gradual de unidades, horarios definidos, seguridad social para operadores y pólizas vigentes.
Las inconformidades ciudadanas se apoyan en datos oficiales. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo 29.6% de las personas usuarias en Veracruz considera que las unidades están en buen estado. Apenas 14.7% identifica horarios visibles y 36.9% percibe respeto a los señalamientos viales, lo que evidencia rezagos operativos.
El marco legal para una eventual consulta está previsto en la legislación estatal. El Congreso local emitiría la convocatoria; el Organismo Público Local Electoral de Veracruz organizaría la jornada, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz revisaría la constitucionalidad de la pregunta. Para que el resultado sea vinculante, deberá participar al menos 40% de la lista nominal.
Más allá del debate tarifario, el caso expone una discusión de fondo: el equilibrio entre costo, calidad del servicio y derecho a la movilidad en una ciudad donde miles de personas dependen diariamente del transporte público para estudiar y trabajar.
