La asociación civil Impunidad Cero presentó una investigación en la que evidencia al Gobierno de la Ciudad de México, ya que, según la organización, no garantiza la protección de los usuarios del transporte público, pues están protegidas por mutualidades que no cuentan con financiamiento para cubrir alguna indemnización.
La investigación señala que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) expide permisos y concesiones para transporte público de pasajeros a quien entrega documentos expedidos por instituciones, conocidas como mutualidades, que no están reconocidas ni reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
De acuerdo a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para obtener un permiso para la prestación del servicio de transporte público, se encuentra la contratación de una póliza de seguro vigente para “indemnizar los daños y perjuicio, que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio.
No obstante, lo cierto es que existen operadores de taxis, microbuses y autobuses que han obtenido el permiso correspondiente presentando una póliza expedida por una mutualidad, entidad que, a decir de la CNSF y la CONDUSEF, no están reconocidas, no son supervisadas y no tienen permisos para operar.
De acuerdo a la CONDUSEF, se conoce como “Mutualidad” a las asociaciones de personas que sin dar pólizas o contratos, conceden a sus miembros coberturas en caso de muerte, beneficios en los de accidentes y enfermedades o indemnización por daños (principalmente de automóvil), entre otros.
El problema adquiere mayores dimensiones, porque la CONDUSEF advierte que debido a que las mutualidades no están reguladas, una queja por la falta de cumplimiento con un tercero no podrá ser atendida por la Comisión.
Por lo anterior, en caso de algún accidente del servicio público concesionado de pasajeros, los afectados (usuario, peatones, automovilistas, etc.), quedan en total indefensión, mientras que las autoridades y operadores o titulares de las unidades sin problema alguno, concluyó la investigación.
