Una forma de comprender la propuesta legislativa sobre una Ley de Infraestructura para el Bienestar (LGIB) es analizar su contexto histórico: esta iniciativa se enmarca en un entorno macroeconómico desafiante para México, con proyecciones de bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.
Ante este panorama, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Plan México buscan impulsar la inversión en infraestructura como palanca de crecimiento económico, creación de empleo y reducción de desigualdades regionales, especialmente en el sur del país.
La LGIB establece nuevos esquemas de inversión (directa, indirecta, mixta y mínima) y crea la Comisión de Infraestructura para el Bienestar como un órgano colegiado e interinstitucional encargado de coordinar, evaluar y supervisar los proyectos bajo estrictos criterios de beneficio social. Además, busca incentivar la inversión privada con reglas claras y equitativas, asegurando la rectoría del Estado y promoviendo la participación comunitaria.
Su objetivo principal es reemplazar el modelo actual de asociaciones público-privadas por uno que priorice la transparencia y la justicia social en la inversión para infraestructura, especialmente en comunidades marginadas y regiones históricamente desfavorecidas.
Sobre esa base todo se puede edificar, salvo por una condición ineludible: se requiere inversión, que solo puede fluir en un ambiente de confianza hacia el sector privado. Más aún, únicamente en ese ambiente y con certeza jurídica será posible alcanzar las metas establecidas en el Plan México, que plantea una inversión equivalente al 28% del PIB hacia 2030.
Apenas el pasado 19 de agosto participé en el Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México en Toluca. Ahí, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, promotor de esta iniciativa, subrayó la urgencia de contar con un marco jurídico robusto que otorgue certeza a las inversiones y garantice que los proyectos de infraestructura se conviertan en un motor real de bienestar para la ciudadanía.
Además, reconoció que el presupuesto del Estado no es suficiente para cubrir las necesidades de infraestructura que requiere México, por lo que es indispensable impulsar esquemas de coinversión público-privada que permitan multiplicar los recursos, compartir los riesgos y acelerar la realización de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional.
Mi participación se centró en la experiencia que tengo en el sector del transporte público, básicamente como consumidor de energéticos (diésel, gas natural e insumos eléctricos). Expuse que la reforma, además de otorgar certidumbre jurídica, debe garantizar abasto y precios estables, ante lo cual es fundamental que los operadores tengamos voz en los procesos de planeación energética nacional y regional, para asegurar que la infraestructura y los recursos respondan a la demanda real y futura del transporte.
La Ley de Infraestructura para el Bienestar busca transformar el modelo de inversión en México hacia esquemas más transparentes, justos y con fuerte rectoría del Estado, incentivando la coinversión público-privaday priorizando comunidades marginadas.
Señalé también que hemos enfrentado los desafíos propios del sector en estrecha colaboración con las autoridades, en un diálogo abierto tanto para comprender como para anticipar las modificaciones a la normativa energética y de transporte.
En consecuencia, expliqué que, en definitiva, la certeza jurídica es una aliada clave para avanzar con seguridad en los procesos de modernización, inversión en infraestructura y cumplimiento de estándares, normativas y regulaciones para un transporte público más eficiente y limpio, alineado con los objetivos de la política energética y el desarrollo del país.
Como sabemos, los nuevos proyectos que están emergiendo en el mundo son, casi en su totalidad, de electromovilidad; sin embargo, la infraestructura actual y las condiciones financieras no son las más adecuadas para atender las demandas de esos proyectos.
Si bien la transición hacia la electromovilidad representa una oportunidad clave para promover un transporte más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es fundamental contar con una infraestructura adecuada que soporte la operación eficiente de esos vehículos, así como promover el acceso a financiamiento y créditos para la adquisición de flota.
Por ende, la certeza jurídica se presenta como un elemento esencial para incentivar la inversión en proyectos de electromovilidad. La seguridad legal permite a los actores económicos planificar a largo plazo con confianza, mediante una participación activa en iniciativas que fomenten el tránsito hacia energías limpias y sostenibles.
La existencia de un marco regulatorio claro, con reglas de operación y un modelo financiero estable —que incluya fideicomisos y pago por kilómetro— es, sin duda, un factor que garantiza la continuidad y el éxito de estos proyectos.
El compromiso integral en el consumo de energéticos también resulta crucial. Es necesario promover acciones que impliquen no solo la adquisición de vehículos eléctricos, sino también el uso responsable y eficiente de la energía, en sintonía con políticas públicas e inversión en infraestructura que atienda esas nuevas necesidades.
Finalmente, la regulación y las normativas establecidas por las autoridades y sus organismos reguladores deben ser coherentes, actualizadas y sustentadas en criterios técnicos que faciliten la implementación de todos estos nuevos proyectos.
La certeza jurídica se plantea como condición indispensable para atraer inversión, garantizar precios y abasto de energéticos, y avanzar en proyectos estratégicos como la electromovilidad y la modernización del transporte público.
