La diputada Alejandra Valdés Martínez presentó una iniciativa de reforma al artículo 360 Bis del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer que los delitos contra la prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros ser perseguirán de oficio.
Con esto, señala en su exposición de motivos, se busca fortalecer el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de pirataje en el transporte público en el Estado.
El artículo mencionado, establece que “comete el delito contra la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, quien, sin concesión, permiso, o autorización correspondiente vigente, preste el servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades en las vías de jurisdicción estatal y municipal”.
Este delito se sancionará con pena de prisión de tres a cinco años y suspensión hasta por un año del derecho para conducir vehículos, entre otras. En caso de reincidencia, además de la pena de prisión correspondiente, se impondrá la privación definitiva del derecho de conducir vehículos.
Actualmente, este delito se persigue por querella necesaria, ya sea del usuario o persona afectada, o bien de la dependencia u órgano estatal del ramo.
La legisladora indica que la movilidad es un derecho humano de última generación que se vincula con otros derechos sociales, como el derecho a la ciudad, a la salud, a la vivienda, y al espacio público, y que se refiere a la capacidad de las personas para deslazarse a sí mismas, a sus familias, pertenencias y mercancías, para la satisfacción de sus necesidades primarias, de un lugar a otro dentro de su entorno geográfico.
