Los usuarios del transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey destinan hasta 2 horas con 47 minutos diarios a sus traslados, más del doble del tiempo que emplean, en promedio, quienes viajan en automóvil, con una hora y 14 minutos. Estas diferencias forman parte de los argumentos de Consejo Nuevo León para impulsar una Ley de Coordinación Metropolitana que permita articular las decisiones de movilidad entre el Gobierno estatal y los municipios.
Durante las actividades de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, en las que participaron autoridades responsables de la movilidad y el transporte público de Nuevo León, el organismo destacó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación que permitan planear proyectos con una perspectiva metropolitana y de largo plazo.
La iniciativa de ley fue presentada por Consejo Nuevo León, representantes del sector privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto plantea establecer bases para acordar prioridades, definir responsabilidades, compartir capacidades institucionales y dar continuidad a proyectos que involucran a más de un municipio o administración.
La propuesta parte de una dinámica cotidiana en la que una persona puede vivir en un municipio, trabajar en otro y atravesar varios más durante un mismo recorrido. Las decisiones sobre rutas de transporte, infraestructura vial, vivienda y desarrollo urbano corresponden a distintas autoridades, aunque sus efectos se extienden por toda la metrópoli.
Congestión vial y expansión urbana
El impacto económico de los desplazamientos también forma parte del diagnóstico. Datos recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sitúan en cerca de 19 mil millones de pesos anuales el costo de la congestión vial en Monterrey.
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A esta presión se suma el crecimiento de la zona metropolitana. El estudio Climate Change and Health: Policies for Systemic Change in Monterrey, desarrollado en el marco de Pathfinder Initiative con participación del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), documenta la expansión urbana y el aumento del parque vehicular.
Entre 1990 y 2020, la población metropolitana pasó de 2.7 a 5.3 millones de habitantes, mientras que la superficie urbanizada creció de 124 a 287 kilómetros cuadrados. En paralelo, el parque de vehículos privados aumentó de aproximadamente 474 mil unidades en 1990 a 2.57 millones en 2025.
Estas cifras dimensionan los cambios demográficos y territoriales que enfrenta Monterrey, así como la presión sobre la infraestructura y los sistemas de transporte.
Una propuesta para coordinar decisiones
La iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana busca establecer un mecanismo permanente de colaboración entre el Gobierno de Nuevo León y los municipios para atender asuntos que exceden sus límites territoriales.
De acuerdo con el planteamiento presentado, el instrumento permitiría definir prioridades comunes, distribuir responsabilidades y mantener la continuidad de proyectos de movilidad, infraestructura y desarrollo urbano.
Consejo Nuevo León colocó la movilidad entre los ámbitos en los que esa coordinación resulta necesaria, debido a que los recorridos cotidianos conectan municipios y dependen de decisiones tomadas por diferentes instancias de gobierno.
La propuesta busca que la planeación metropolitana tenga continuidad a largo plazo, en una zona donde el crecimiento poblacional, la expansión urbana y el incremento del parque vehicular han modificado las condiciones de los desplazamientos.
