Una partida de 2 mil 797 millones de pesos para fortalecer el transporte público del área metropolitana de San Luis Potosí es el planteamiento central de una iniciativa presentada por diez permisionarios ante el Congreso estatal, que fue turnada a las comisiones de Hacienda del Estado; Movilidad, Comunicaciones y Transportes; y Desarrollo Económico y Social para su análisis.
La propuesta busca incorporar los recursos al Presupuesto de Egresos estatal de 2027 mediante la creación del Programa Estatal para el Fortalecimiento y Apoyo al Usuario del Transporte Público de Personas en el Área Metropolitana de San Luis Potosí.
El programa plantea destinar apoyos económicos focalizados y acciones de política pública a mejorar la calidad, seguridad, accesibilidad, eficiencia y cobertura del servicio, además de impulsar la modernización de las unidades y la sostenibilidad del sistema.
La iniciativa fue presentada por Margarito Terán López, Marco Antonio Uraga Rodríguez, José Refugio Sánchez Quintero, Alfredo Salazar Martínez, J. Jesús Mendoza Bustos, Domingo Saucedo Loredo, Simón Méndez Arriaga, Laura Leticia Reyes Mora, Adrián Torres Nieves y José Cisneros Loredo, todos permisionarios del transporte público.
Renovación de unidades y mejoras en el servicio
Entre los conceptos que podrían recibir recursos figuran la renovación y sustitución de autobuses, la modernización tecnológica, la incorporación de sistemas de prepago, las adaptaciones para garantizar la accesibilidad universal y la instalación de dispositivos de seguridad.
El proyecto también considera la capacitación y profesionalización de operadores, el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, la incorporación de tecnologías de menor impacto ambiental y el fortalecimiento de rutas con alta demanda o importancia social.
Otros rubros contemplados son la atención de zonas con cobertura insuficiente, los estudios técnicos de movilidad, los sistemas de monitoreo y supervisión y las medidas para mejorar la calidad y continuidad del servicio.
La iniciativa abre también la posibilidad de destinar apoyos a mantener tarifas socialmente accesibles, siempre que exista una justificación técnica, presupuestaria y jurídica.
Apoyos sujetos a condiciones y supervisión
La propuesta establece que los recursos no deberán constituir transferencias generales, permanentes o incondicionadas. Su asignación dependerá de la disponibilidad presupuestaria, las reglas de operación o disposiciones administrativas aplicables, el cumplimiento de las obligaciones establecidas y la comprobación del uso del dinero.
La autoridad ejecutora podría fijar condiciones vinculadas con la frecuencia de paso, continuidad del servicio, cobertura de las rutas, accesibilidad, seguridad y condiciones físico-mecánicas de los vehículos. También podría establecer requisitos relacionados con la capacitación de operadores, la atención a personas con discapacidad y grupos vulnerables, y el cumplimiento de la normativa vigente.
El documento plantea que estas condiciones deberán tener una relación directa con los objetivos del programa y respetar los principios de legalidad, igualdad, transparencia y no discriminación, además de incluir mecanismos objetivos de verificación.
Estudiantes y personas vulnerables, entre la población prioritaria
La iniciativa propone considerar como población prioritaria a quienes dependen del transporte público para trasladarse al trabajo, la escuela, los servicios de salud y otras actividades esenciales.
Entre los grupos mencionados se encuentran estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad económica, habitantes de zonas periféricas o con baja cobertura y trabajadores que realizan desplazamientos cotidianos.
También se contempla a habitantes de municipios y comunidades con deficiencias de conectividad y transporte.
La determinación de los beneficiarios, las rutas, las unidades y las modalidades de apoyo correspondería a la autoridad ejecutora, conforme a los criterios que se establezcan y respetando las atribuciones de los municipios y otras autoridades competentes.
La iniciativa señala que la cantidad definitiva deberá aplicarse al sector con base en un diagnóstico técnico y financiero, la disponibilidad de recursos, las prioridades estatales, las proyecciones de ingresos y las disposiciones sobre responsabilidad hacendaria y disciplina financiera.
La propuesta se encuentra en etapa de análisis legislativo. Su eventual incorporación al presupuesto de 2027 y la asignación de los recursos dependerán del proceso correspondiente y de las autorizaciones presupuestarias aplicables.
