El periodo de apoyos fiscales contemplado en el Programa Integral de Reordenamiento y Modernización del Transporte Público de Puebla concluyó, con un total de mil 367 concesiones regularizadas a través de la cesión de derechos gratuita, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).
La titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, informó que esta fase del programa estuvo dirigida a brindar certeza jurídica a concesionarios del transporte público en la entidad, mediante incentivos fiscales que facilitaron la regularización de trámites pendientes y la actualización de registros de operación.
Uno de los beneficios destacados fue la ampliación de vigencia de concesiones de siete a diez años, lo que permitió que 6 mil 136 taxistas accedieran a un respaldo legal más amplio para seguir prestando el servicio. Este mecanismo, explicó la funcionaria, busca mejorar las condiciones administrativas del sistema de transporte y ofrecer estabilidad a los prestadores del servicio.
La estrategia formó parte de los esfuerzos del Gobierno de Puebla por ordenar y modernizar el transporte público, aunque no se especificaron criterios técnicos para evaluar el impacto en la calidad del servicio ni indicadores de mejora en la movilidad urbana.
Se alista revisión técnica de unidades
Tanús Osorio también adelantó que se llevará a cabo una revista vehicular en los próximos meses, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad en las unidades que circulan actualmente. Esta etapa será clave para la conformación de un padrón confiable de concesionarios y vehículos en operación.
La secretaria hizo un llamado a los transportistas para que continúen con sus procesos de regularización y recordó que los trámites deben realizarse de manera personal, sin recurrir a intermediarios o supuestos gestores, para evitar fraudes o cobros indebidos.
Falta de información pública limita evaluación de resultados
Aunque se destacan cifras sobre los beneficios administrativos otorgados, no se presentaron datos sobre mejoras en la calidad del servicio, ni sobre cómo estas acciones impactan directamente en los usuarios del transporte público, un aspecto clave en cualquier política de movilidad sustentable.
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Tampoco se informó si la SMT planea implementar mecanismos de fiscalización, capacitación a operadores o renovación de unidades, elementos fundamentales para garantizar un transporte más seguro y eficiente en el estado.
