Después que el Consejo de la Judicatura Federal capitalina señalara que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa aclarara que las fotomultas son inconstitucionales por violar el derecho de audiencia, el WRI México anunció su postura ante estos hechos.
El WRI México manifestó la importancia de mantener el programa de fotomultas como un medio que facilite el control de velocidades, comportamientos de riesgo y por tanto la disminución de la mortalidad en la ciudad.
“Tal y como se ha dado a conocer, las fotomultas no son inconstitucionales por sí mismas, es el proceso administrativo instalado, hasta ahora, el que cuenta con oportunidades de mejora, como es el caso del derecho de audiencia y debido proceso legal, provisto por el artículo 14 constitucional”, señala un comunicado de prensa de la institución.
El control de las velocidades es una de las intervenciones más efectivas para salvar vidas y tras la implementación del nuevo reglamento de tránsito y dispositivos de control como las fotomultas, se registra en un año una reducción del 18% de muertes por hechos de tránsito: “No debemos dar pasos atrás en materia de seguridad vial, es necesario seguir avanzado, esto implica no eliminar programas exitosos en su objetivo, si no fortalecer sus procesos de aplicación”, afirma Marco Priego, Director de Movilidad Urbana de WRI México.
“La eficiencia de dispositivos de fotoinfracción para el control de las velocidades y los comportamientos de riesgo brindan resultados concretos. Ha logrado que en casos como el de Guadalajara, Jalisco, del 2010 al 2015 se haya generado una reducción de 52.8% de muertes por hechos de tránsito en una de las vías más conflictivas, que es caso del periférico” manifiesta Saúl Alveano, Gerente de Seguridad Vial de WRI México.
Por tal motivo, el WRI México hizo un llamado a las autoridades de la ciudad a apelar la resolución, modificando y fortaleciendo el actual proceso de instrumentación en dos ejes clave: 1) Dictaminación de la infracción: Dado que las fotos no deben generar en automático una obligación de pago, estas deberán someterse a un proceso de validación y verificación por parte de la autoridad competente. Este proceso requerirá establecer los fondos que permitan implementarlo.
2) Establecimiento de plazos de réplica o audiencia: Para cumplir con el derecho de audiencia se requiere establecer procesos de notificación y plazos definidos en los cuales los ciudadanos puedan apelar la infracción. Después de esto, la autoridad competente podrá determinar si la sanción se aplica o queda sin efecto. Esto permite fortalecer el marco legal, de acuerdo a recomendaciones establecidas por la CNDH que marcan como derecho: el aviso de inicio del procedimiento; la oportunidad de ofrecer las pruebas y alegar; una resolución que resuelva las cuestiones debatidas, y la posibilidad de reclamar la resolución mediante un recurso eficaz.
De igual manera fortalecer el programa constituye una oportunidad para la revisión del modelo de financiamiento, centrando atención en privilegiar el objetivo del programa, que es el de reducir el número de muertes y lesiones graves por hechos de tránsito, así fortalecer los procesos de transparencia que demandan los ciudadanos, concluyó la organización.
