Diego Monraz Villaseñor,
Presidente de AMAM y Secretario de Transporte en Jalisco
El pasado 5 de abril se aprobó en el Senado de la República la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV), que tiene entre otros objetivos evitar que 44 personas mueran diariamente en México; luego de este ejercicio legislativo, viene el reto para los estados de crear y armonizar sus leyes y reglamentos para que en 2023 se comiencen a realizar acciones y programas que permitan una movilidad sostenible y segura para todo el país, señaló en entrevista, Diego Monraz VIllaseñor, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, y secretario de Transporte en Jalisco.
“Es una Ley que tiene que ver con transporte de carga, de servicios, tiene que ver con transporte foráneo, transporte público urbano, y todas las demás modalidades de movilidad privada, y de movilidad activa o no motorizada; la ley aprobada ya cuenta con elementos que le dan una perspectiva de reducción de accidentes, que es la cero muertes, también con reducción de emisión contaminantes, y garantiza la inclusión, y esto debe ser aplicado en todas las modalidades de acuerdo a la pirámide de movilidad.
Comenzar a entender primero y a armonizar esos criterios a nivel nacional, ya es un gran logro; parecería extraño para algunos pero tenemos muy claro que en este país vivimos diferencias muy fuertes, primero en la concepción de lo que es la movilidad sustentable y después de aplicación de programas y políticas para lograrlo. Esto nos va a ayudar a que se entienda mejor en todo el territorio nacional que es la movilidad sustentable, que es la seguridad vial, y después que la elaboración de nuestros instrumentos normativos nos ayuden a diseñar políticas y programas que tengan congruencia con estos postulados de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.
Asimismo, expresó que los resultados de comenzar a implementar la normativa como lo marca la Ley no se verá pronto, pero sí será a mediano plazo cuando los resultados de unificar criterios e implementar políticas públicas darán un cambio a la movilidad del país.
Unificar esfuerzos
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial contempla la creación de un organismo que concentre los esfuerzos, criterios y presupuestos en la materia. Nos referimos al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial
Según explica un boletín oficial del Senado de la República,“se incluyó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el otorgamiento de permisos o autorizaciones de personas físicas o morales, para el servicio de transporte; así como a la Secretaría de Economía como integrante del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
Dicho Sistema propondrá las especificaciones técnicas del parque vehicular, en lugar de definirlas, y los distintos órganos de gobierno deberán evitar gravar los servicios de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares; además servirá como ente rector de políticas, que a decir de Diego Monraz significó un gran avance.
“El poder contar con una dependencia que haga cabeza para la instrumentación de una política pública nacional es otro gran logro, porque hoy existe dispersión de dependencias a nivel federal, y dispersión de criterios en esas mismas dependencias; hay para un mismo objetivo diferentes criterios en Fonadin, Banobras o en el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, por mencionar algunos. Hay una dispersión muy grande de criterios, políticas que no están unificadas y algo muy importante, con pequeños presupuestos destinados a la movilidad, que no están concentrados,ni focalizados en acciones que demuestren resultados”.
Esta falta de alineación de leyes, criterios y presupuestos a nivel federal, hace la tarea mucho más difícil para que los estados accedan a los beneficios de programas o proyectos.
“Ese es un conflicto que existe, los gobiernos locales que quieren implementar algún programa o campañas se confunden, hay confusión sobre en quién respaldarse, a quien pedir ayuda, y así mismo por parte del gobierno federal hay confusión de cómo aterrizar esos programas. No había tampoco una obligación específica en una ley en la materia para que desde la federación se estuvieran destinando recursos, acciones y programas en la materia, pero hoy ya lo tenemos con esta ley”, agregó el también presidente de la AMAM.
Una mejor distribución del espacio
Por cuestiones culturales, el debate sobre la distribución del espacio público ha sido constante, pero con la LGMySV queda sentado que se deberá privilegiar la pirámide de movilidad, esto es a personas, movilidad no motorizada, y transporte público.
“Es necesaria una Ley, y que ahora comencemos a socializarla entre propios y extraños para que se comprenda que la única manera de regresarle sustentabilidad a la movilidad de nuestras ciudades es a través del reparto jerárquico, con esta evidencia científica y social de que le debemos destinar mayores espacios, mayor territorio a lo que traiga mayores beneficios sociales y eso es el transporte público en sus modalidades de masivo, de colectivo, pero también más espacio a banquetas, ciclovías y también debemos dar prioridad a las formas de movilidad con menores externalidades, me refiero a las cero emisiones o las que emiten menos contaminantes”, detalló.
Monraz Villaseñor sabe que la LGMySV es perfectible, y desde la AMAM consideran que debe existir a nivel nacional una subsecretaría de movilidad que dé la importancia que tiene el tema; además de que desde este organismo ya impulsan una agenda que acompañe a los estados en el diseño de leyes locales para lograr la armonización de éstas.
Para concluir, el Secretario de Transporte en Jalisco, aseguró que en la entidad ya comenzaron los trabajos de armonización de la ley en coordinación con el Congreso local y el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), el objetivo es integrar los lineamientos de la LGMySV.
