La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, una nueva entidad con atribuciones clave en la construcción y operación de infraestructura ferroviaria en México. Esta propuesta busca reformar diversas leyes federales con el objetivo de centralizar funciones estratégicas del sistema ferroviario nacional.
La nueva Agencia se plantea como un órgano descentralizado sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica. De acuerdo con la iniciativa, sus funciones abarcarán desde la planeación y acompañamiento técnico de proyectos estatales y municipales, hasta la adquisición y operación directa de infraestructura ferroviaria.
Facultades clave y atribuciones
Entre las principales funciones que se le asignarían a la Agencia destacan:
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Construcción y operación de vías generales de comunicación ferroviaria.
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Adquisición de infraestructura y equipo ferroviario con derecho preferente.
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Tramitación de concesiones, permisos, autorizaciones, asignaciones y sus modificaciones ante la SICT.
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Planeación y coordinación con entidades de los tres órdenes de gobierno, concesionarios y particulares para ampliar o modernizar rutas que eviten cruces urbanos.
Además, tendría la responsabilidad de evaluar proyectos de concesionarios y terceros, proponer especificaciones técnicas para los derechos de vía, y resolver controversias administrativas entre actores del sector ferroviario.
Implicaciones legales y administrativas
La iniciativa presidencial plantea reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del mecanismo de “asignación”, que permitiría a la SICT otorgar a gobiernos estatales, municipios, alcaldías de la Ciudad de México o entidades paraestatales el derecho a construir y operar vías férreas sin necesidad de licitación, siempre que acrediten capacidades jurídicas, técnicas, administrativas y financieras. Este punto podría abrir nuevas rutas de participación gubernamental directa, aunque también genera interrogantes sobre los procesos de control y transparencia.
Infraestructura adicional y concesiones
Otra facultad prevista es que la Agencia podrá autorizar la instalación de infraestructura paralela —como fibra óptica, ductos de petróleo o líneas eléctricas— sobre los derechos de vía ferroviarios. Esto se hará mediante “Autorizaciones” emitidas por la SICT, sin perjuicio de otras regulaciones aplicables.
La propuesta también otorga a la Agencia la capacidad de actuar como supervisora en proyectos a su cargo, validando obras e instalaciones ferroviarias realizadas por terceros, sin necesidad de permisos para construir accesos o instalaciones sobre derechos de vía.
Críticas potenciales y retos de implementación
La creación de un organismo con atribuciones tan amplias plantea retos en términos de gobernanza, supervisión y rendición de cuentas. Si bien el objetivo es acelerar proyectos de transporte ferroviario y apoyar el desarrollo regional, el diseño institucional requerirá mecanismos claros de coordinación con los gobiernos locales y esquemas efectivos de transparencia.
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Asimismo, la eliminación del proceso de licitación en ciertos casos mediante asignaciones directas podría generar preocupación en sectores que exigen mayor competencia y vigilancia en los procesos de contratación pública.
