El transporte público en México enfrenta una crisis estructural: una flota de autobuses obsoleta y contaminante, una creciente preferencia por las motocicletas como alternativa de movilidad y la falta de una política nacional integral para modernizar el sistema. Expertos y autoridades coinciden en la urgencia de implementar un plan nacional de chatarrización que permita renovar la flota de transporte público, mejorar la calidad del servicio y reducir los impactos negativos en la salud pública y el medio ambiente.
El rezago es muy grande, y la problemática más fuerte en materia de transporte público no está en los grandes proyectos de infraestructura y movilidad, que son contados, sino que está en las colonias, los barrios, las comunidades que tienen un gran rezago en su transporte colectivo, en su transporte comunitario o de última milla, que no va a permitir que se terminen las desigualdades en este país. El programa más importante que podría tener cualquier estado es el derecho a la movilidad, básico para acceder a muchos otros derechos, y lo cierto es que no hay condiciones”, comentó el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz.
En muchas ciudades mexicanas, los autobuses de transporte público superan los 15 años de antigüedad, operando fuera de norma y representando riesgos para la seguridad vial y la salud de los usuarios. Según la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), se estima que más de 63 mil autobuses tienen una antigüedad promedio de 16 años, lo que implica altos niveles de emisiones contaminantes y condiciones deficientes de seguridad y accesibilidad.
El transporte público en México no ha recibido la atención integral que requiere. Operamos, en muchas ciudades, con unidades obsoletas, ruidosas, contaminantes y peligrosas”, señala Aldo Muñoz Armenta, especialista en movilidad urbana y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
México enfrenta una crisis estructural en su transporte público debido al envejecimiento de su flota, con más de 63 mil autobuses operando fuera de norma, lo que afecta la seguridad vial, la salud pública y la calidad del servicio.
Las motocicletas, una respuesta al fracaso del transporte público
El fácil acceso a créditos y la falta de un transporte público eficiente ha llevado a un crecimiento exponencial en el uso de motocicletas. De conformidad con datos del INEGI, en la última década, el parque vehicular de motocicletas en México creció más de 200%, pasando de 2.5 millones en 2012 a seis millones en 2024.
Este fenómeno ha generado preocupaciones en términos de seguridad vial y salud pública. En la Ciudad de México, expertos alertan que las motocicletas están involucradas en más del 50% de los siniestros viales con víctimas, a pesar de representar solo el 8% del parque vehicular; de igual forma los motociclistas también son uno de los grupos más afectados por accidentes viales. En algunos casos, se estima que el 50% de las muertes en hechos viales son de motociclistas.
“El crecimiento de motocicletas en la Ciudad de México y en todo el país ya es un problema de salud pública que tiende a empeorar, por encima de los infartos y la diabetes mellitus… y en México se deben tomar medidas urgentes ante el creciente uso de este modo de transporte, o podría vivirse lo que ha pasado en Medellín, donde el uso de la moto creció en más del 1,400%, y el más afectado fue el transporte colectivo”, advirtió Viviana Tobón, directora técnica de Transporte Público en Medellín, durante el 16º Congreso Internacional de Transporte.
La falta de una política nacional integral ha detonado una migración hacia las motocicletas, que han crecido más de 200% en la última década y hoy representan un problema creciente de seguridad vial y salud pública.
Necesario un plan nacional de chatarrización
Ante este panorama, expertos, transportistas y autoridades coinciden en la urgencia de implementar un plan nacional de chatarrización para renovar la flota de transporte público. Este plan debe incluir incentivos fiscales, subsidios y esquemas de financiamiento que faciliten la adquisición de vehículos más seguros y de bajas emisiones.
La Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030 contempla la renovación de 40 mil unidades de transporte público, reduciendo su antigüedad promedio a 10 años. Este esquema incluye bonos de chatarrización, subsidios y garantías para facilitar la inversión en vehículos más seguros y de bajas emisiones, pero hasta ahora esta propuesta se mantiene solo en el papel.
“En Jalisco hemos hecho una gran inversión, se renovó el total de la flota de transporte público y aún tenemos incentivos para mantener bajas las tarifas. Jalisco ya lo hizo, pero es necesario un programa de chatarrización para que dejen de circular en el país unidades con más de 20 años, mismas que son contaminantes, inseguras, incómodas e indignas que dan muy mal servicio. No hay zona del país que no tenga esta problemática. Al menos el 70% de las personas que menos tienen se mueven en condiciones de inseguridad, de exclusión y de alta accidentalidad. Necesitamos un programa de chatarrización como lo han tenido otros países en Latinoamérica y, por supuesto, programas de subsidios federales para la operación del servicio”, destacó Diego Monraz.
El especialista en movilidad urbana, Sergio Avelleda, resalta que “invertir en la modernización del transporte público no solo mejora la calidad de vida, sino que impulsa el desarrollo económico, creando empleos y fomentando cadenas productivas locales, por lo que pensar en programas de chatarrización y subsidios es necesario”.
El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás Rosales Pallares, señala que para los transportistas es urgente contar con incentivos para “ayudar a migrar a un modelo empresarial y renovar su flota; es verdad que no hay dinero que alcance para las necesidades que tiene el sector, pero este tipo de incentivos, como lo es la chatarrización, va enfocado a impactar en la modernización de las unidades. Es necesaria la colaboración de las autoridades federales y estatales porque, de verdad, esto apoya muchísimo a mejorar el servicio”.
Por su parte, Elim Luviano, director ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), refirió que en el ámbito federal el promedio de vida útil de la flota de buses de larga distancia es de 18.5 años, “algo que es inconcebible; por regulación no deberíamos exceder los 15 años. Entonces creo que debemos trabajar de manera coordinada autoridades, cámaras e iniciativa privada, en generar mecanismos que permitan esta renovación y transición a unidades menos contaminantes. Ahora se habla de migrar a la electromovilidad, pero sin un programa de chatarrización e incentivos difícilmente se logrará”.
Expertos, autoridades y transportistas coinciden en la urgencia de implementar un Plan Nacional de Chatarrización, con subsidios e incentivos fiscales que permitan renovar las unidades, impulsar la electromovilidad y mejorar la calidad del servicio.
Corresponsabilidad en la implementación
La implementación de un Plan Nacional de Chatarrización requiere la colaboración de diversos actores:
“La renovación de la flota debe ser una prioridad nacional, con una política pública que involucre a todos los actores del sector. Es importante considerar que al incentivar la sustitución estamos también apostando por el cuidado al medio ambiente y por la seguridad vial.
Necesitamos ponernos de acuerdo y platicar. Hay antecedentes de programas de chatarrización impulsados por el Gobierno Federal; algunos estados han hecho lo propio con muy buenos resultados, pero al final han sido esfuerzos aislados. Necesitamos hablar de una sola estrategia, encaminada a un solo objetivo que es la renovación, incluso para los pequeños y medianos transportistas”, apuntó Elim Luviano.
Casos de éxito
En México, algunas entidades han iniciado programas de renovación de flota con resultados positivos. En Jalisco, las mejoras impulsadas al transporte público, que incluyen la renovación de unidades y la capacitación de conductores, se han reflejado en una mejor calificación del servicio por parte de los usuarios. La última Encuesta de Satisfacción a Usuarios reveló que la ciudadanía dio al sistema en la metrópoli una calificación de 8.1 el año pasado (en un rango del 0 al 10), de acuerdo con el Instituto Metropolitano de Planeación.
A nivel internacional, Colombia destaca por su programa de chatarrización implementado como parte del sistema TransMilenio. Este esquema estableció que por cada nueva concesión de operación se debía acompañar un proceso obligatorio de retiro de buses viejos. El programa fue financiado parcialmente con recursos públicos y logró retirar más de 6 mil unidades.
“Los casos exitosos nos muestran que la chatarrización debe ir acompañada de una reestructuración del sistema de transporte, con nuevas reglas, modelos de gestión y una visión de servicio público”, dice Adriana Lobo, experta en movilidad y asesora internacional en políticas urbanas.
Si queremos migrar hacia la electromovilidad, primero debemos pensar en sustituir las unidades más antiguas, ponerlas en operación y apoyar a los concesionarios, porque también tenemos tarifas congeladas y reguladas por autoridades locales; entonces, chatarrización y subsidio a los combustibles a todo el país le caerían muy bien”, destacó el secretario de Transporte de Jalisco.
México enfrenta una disyuntiva: continuar permitiendo la operación de unidades obsoletas que expulsan a los usuarios y contaminan las ciudades, o establecer una estrategia nacional que permita su retiro progresivo y la renovación integral del transporte público. La implementación de un plan nacional de chatarrización es una medida urgente que requiere voluntad política, corresponsabilidad entre actores y una visión clara de que el transporte digno es un derecho, no un lujo.
Casos exitosos en México y Latinoamérica, como Jalisco y Colombia, demuestran que la renovación de flota debe ir acompañada de una reestructuración operativa y subsidios públicos, como parte de una política nacional que priorice el derecho a la movilidad digna.
