El debate sobre la calidad y el costo del transporte público en Nuevo León llegó al terreno de la fiscalización. La Septuagésima Séptima Legislatura solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León una revisión excepcional en la Cuenta Pública 2024 del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.
La petición se centra en los contratos de arrendamiento tipo Full Service de 1,800 autobuses urbanos operados por proveedores privados. En el caso de Thousand International Companies (TICSA), se pide revisar las condiciones físicas, mecánicas y eléctricas de 800 unidades marca ANKAI, así como la vigencia y cobertura de sus pólizas de seguro.
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La revisión también abarcaría a Forza Arrendadora Automotriz y Ego Móvil, responsables de mil unidades adicionales de las marcas FOTON y Golden Dragon, bajo el mismo esquema de renta integral.
Además del estado técnico de las flotillas, el Congreso pidió un informe detallado sobre el ejercicio fiscal en curso de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana y del propio Instituto, con el objetivo de verificar que los recursos derivados del aumento a la tarifa se estén aplicando con eficiencia y transparencia.
El dictamen, presentado por la diputada Aile Tamez, fue aprobado por mayoría. Para miles de usuarios que enfrentan fallas mecánicas, tiempos prolongados y aumentos en el costo del pasaje, la revisión representa un intento de vincular calidad del servicio con el uso de recursos públicos.
