Con 33 votos a favor y la abstención de Movimiento Ciudadano, el Pleno del Congreso local aprobó la implementación de tarifas preferenciales en el transporte público, superando el veto que el Ejecutivo estatal había interpuesto el año pasado bajo el argumento de falta de sustento presupuestario.
La decisión legislativa reactiva la reforma a los artículos 183 bis, 183 bis 1 y 183 bis 2 de la Ley de Movilidad, con el objetivo de establecer mecanismos tarifarios que reduzcan el impacto económico del transporte en estudiantes, grupos vulnerables y usuarios en general.
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Tres esquemas de alivio tarifario
La reforma contempla tres modalidades principales:
1. Multiviajes.
Pases de 7, 20 y 30 viajes con tarifa reducida y una vigencia de hasta 30 días hábiles, orientados a usuarios recurrentes.
2. Tarifa de transbordo.
Un pago único diario que permitirá realizar múltiples viajes dentro del mismo día, facilitando traslados con conexión sin cargos adicionales.
3. Tarifa preferencial.
Un descuento mínimo del 25% para grupos vulnerables, garantizando un piso obligatorio de apoyo social.
Este modelo combina herramientas de accesibilidad social con esquemas de eficiencia operativa, alineándose con prácticas aplicadas en sistemas urbanos que buscan equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia tarifaria.
Plazo de implementación
Tras la aprobación legislativa, el Comité Técnico, la Junta de Gobierno y el Instituto de Movilidad deberán diseñar, autorizar y aplicar las tarifas sociales en un plazo máximo de tres meses, es decir, a más tardar en mayo.
La medida marca un punto de inflexión en la política tarifaria estatal, al consolidar un esquema legal obligatorio de apoyo al usuario, luego de un proceso legislativo que incluyó el rechazo inicial del Ejecutivo.
Con esta determinación, el Congreso establece un mandato claro para que la autoridad operativa traduzca la reforma en reglas técnicas, lineamientos financieros y mecanismos de implementación que garanticen su viabilidad y aplicación efectiva.
