La falta de coordinación entre gobiernos, las restricciones presupuestales y las deficiencias en la infraestructura se mantienen entre los principales desafíos del transporte público en México. En el curso de la edición del Foro Ruta México 2026, autoridades, legisladores y especialistas plantearon la necesidad de integrar los servicios metropolitanos, armonizar las normas y establecer mecanismos de financiamiento y evaluación con una perspectiva de largo plazo, de al menos 20 años.
La discusión abordó los desplazamientos entre municipios, la calidad de los servicios, el mantenimiento de la infraestructura, la seguridad vial y el impacto de la movilidad en la productividad de las ciudades. Los participantes coincidieron en que las soluciones requieren coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales, así como continuidad en las políticas públicas más allá de los periodos administrativos.
Pendiente en las políticas de movilidad
La expansión de las ciudades ha rebasado los límites administrativos de los municipios, mientras que la planeación y operación del transporte continúan fragmentadas. Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, señaló que esta situación dificulta la coordinación de los servicios y aumenta los tiempos y costos de traslado.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en 2022, abrió la posibilidad de integrar servicios públicos y privados bajo esquemas metropolitanos, además de homologar reglamentos de tránsito y licencias de conducción. Sin embargo, Mercado advirtió que pocos gobiernos han avanzado en esa dirección.
La falta de coordinación también se refleja en los cobros y las disposiciones que cada municipio aplica al transporte de bienes y mercancías. Durante el foro se planteó que un reglamento metropolitano podría atender problemas de coordinación en 345 municipios.
Es mejor que cobren de manera unificada las multas, además de homologar criterios para otorgar licencias de conducción”, expresó Mercado.
Paula Gómez, directora de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), dimensionó el crecimiento de estas áreas: México pasó de 12 zonas metropolitanas en 1960, donde se concentraba una cuarta parte de la población, a 92 que actualmente albergan a más del 65% de los habitantes del país.
Por su parte, la diputada federal Claudia Salas propuso recuperar el Fondo Metropolitano dentro del presupuesto para atender las necesidades de movilidad con una perspectiva de largo plazo.
Mantener la infraestructura también compromete recursos
La construcción de sistemas de transporte representa solo una parte de las necesidades financieras de los gobiernos. Su operación exige recursos constantes para conservar instalaciones, renovar equipos y garantizar la frecuencia y continuidad del servicio.
Fernando Tehuin, director de proyectos de BANOBRAS, advirtió sobre la presión que representa el mantenimiento de la infraestructura para los presupuestos locales. “La infraestructura hay que mantenerla en el tiempo y eso es una presión presupuestal más en los gobiernos locales”, sostuvo.
Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), refirió que los proyectos requieren terminales, patios de encierro, talleres, estaciones intermedias, sistemas de pago electrónico y herramientas para gestionar las flotas.
El componente de infraestructura es muy, muy importante”, afirmó. También destacó la necesidad de garantizar tiempos de viaje, frecuencias y cumplimiento de los programas establecidos por las autoridades.
La integración de los servicios metropolitanos, la armonización de las leyes y la continuidad presupuestal concentraron las propuestas de autoridades y especialistas.
Calidad del servicio y crecimiento del parque vehicular
La movilidad también repercute en la productividad y el acceso al empleo. Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que 22 millones de personas utilizan diariamente el transporte público en México y que el 12.4% de los trabajadores se desplaza fuera de su municipio para laborar.
En la Ciudad de México y el Estado de México, uno de cada tres trabajadores sale de su municipio para llegar al empleo. Según los datos presentados por Moy, el 55% de los trabajadores utiliza transporte público; sin embargo, mientras el 68% de los usuarios considera adecuada la cobertura de las rutas, solo el 42% percibe que las unidades están en buen estado.
Otro indicador expuesto durante el encuentro fue el crecimiento del parque vehicular, que aumentó 37% entre 2018 y 2025, frente a un incremento del 5% en la población. La falta de alternativas de transporte público se identificó como uno de los factores que impulsan la adquisición de automóviles y motocicletas.
En materia ambiental, durante el foro se mencionó que el sector vial genera el 93% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), mientras que apenas el 13.5% de los pasajeros viaja en modos eléctricos o de cero emisiones.
Los tiempos de traslado también afectan la vida cotidiana. En la Zona Metropolitana del Valle de México, los trabajadores emplean en promedio una hora en sus desplazamientos, en tanto que los estudiantes menores de 15 años tardan alrededor de 25 minutos.
Moy planteó que ampliar las vialidades puede incrementar el uso del automóvil y la congestión; que fortalecer el transporte público requiere inversión e integración operativa, y que mejorar la conectividad urbana amplía las oportunidades de los habitantes y favorece el desarrollo económico.
Seguridad vial y movilidad de cuidados
La seguridad vial fue otro de los ejes del encuentro. Arturo Cervantes, presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, recordó que México no cumplió el objetivo del primer Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que buscaba reducir a la mitad las muertes y lesiones por hechos de tránsito entre 2011 y 2020.
Habíamos dicho que íbamos a reducir entre 2011 y 2020 a la mitad el número de muertos y heridos en México por hechos de tránsito y no se cumplió ni en México, ni en ninguno de los países de la región de la ONU”, apuntó.
En el foro también se expuso que los hechos de tránsito constituyen la principal causa de muerte entre niños y jóvenes y que los costos asociados superan los 350 mil millones de pesos anuales.
Carolina Arvizu, directora de Ciudades del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), destacó la necesidad de incorporar las actividades de cuidado en la planeación de la movilidad. Estas actividades representan el 26% del producto interno bruto (PIB) de México, señaló. La falta de instalaciones como lactarios y baños públicos dificulta los desplazamientos de las mujeres, que asumen la mayor parte de estas responsabilidades.
El parque vehicular creció 37% entre 2018 y 2025, frente a un aumento del 5% en la población, mientras que 22 millones de personas utilizan diariamente el transporte público en el país.
Planeación más allá de los periodos de gobierno
Durante el encuentro, Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, sostuvo que las necesidades de movilidad de las personas deben orientar las decisiones sobre los sistemas de transporte, independientemente de la tecnología utilizada.
La movilidad está definida por el hecho mismo de las necesidades y los derechos que tienen las personas para moverse, para tener acceso a la educación, servicios y trabajos”, expresó. En una presentación sobre los proyectos gubernamentales para 2025-2030, anunció que la dependencia cambiará su nombre a Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.
Francisco Trueba, director de Movilidad Urbana de MOBILITY ADO y representante de la iniciativa Ruta México, resaltó que el foro busca abrir espacios de diálogo entre los actores del sector y poner la calidad de vida de las personas usuarias en el centro de las propuestas.
