La renovación del transporte público en Puebla avanza por dos vías paralelas: el reemplazo de unidades que han llegado al final de su vida útil y un nuevo mecanismo para determinar quién puede obtener una concesión. El gobierno estatal asegura que ambos procesos están sujetos a criterios técnicos y a una revisión colegiada, en un intento por modificar la forma en que históricamente se han asignado autorizaciones para prestar el servicio.
El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que las nuevas concesiones ya no dependen de gestores, recomendaciones políticas o intermediarios. De acuerdo con el mandatario, la definición de las zonas que requieren nuevos servicios y del tipo de transporte necesario parte ahora de diagnósticos técnicos, convocatorias y una evaluación en la que participan distintas instituciones.
“Se trata de una tarea colectiva”, sostuvo Armenta al referirse a la participación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, universidades, organismos empresariales y una comisión coordinada por el doctor Abraham Quiroz.
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El cambio en el procedimiento ocurre mientras el estado registra una renovación significativa de su parque vehicular. La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que el padrón está integrado por 22 mil 749 unidades, de las cuales 20 mil 411 ya cuentan con nuevo emplacamiento.
Desde el inicio de la actual administración se han sustituido 6 mil 936 unidades, equivalentes al 43.81 por ciento del padrón. De ese universo, 5 mil 826 corresponden a modelos fabricados entre 2023 y 2027, que representan 84 por ciento de los vehículos renovados.
La dimensión del cambio también se refleja en el mecanismo para incorporar nuevos prestadores. Tanús Osorio detalló que cinco convocatorias han recibido 88 solicitudes de concesión. Hasta ahora, 17 fueron evaluadas y aprobadas, mientras que otras 16 permanecen bajo revisión.
La comisión encargada del proceso verifica los requisitos de cada solicitante antes de determinar si puede recibir la autorización. El objetivo, explicó la funcionaria, es que las nuevas concesiones se entreguen únicamente a quienes acrediten las condiciones necesarias para operar el servicio.
El gobierno estatal también abrió una vía para recuperar concesiones que fueron canceladas por abandono. Los antiguos concesionarios pueden solicitar su reactivación si presentan una unidad modelo 2026, una medida que busca permitir su regreso a la operación bajo nuevas condiciones y mantener su patrimonio dentro de la legalidad.
Armenta informó que durante este año se destinó un fondo de 200 millones de pesos a fondo perdido para apoyar a los transportistas con el enganche de unidades nuevas. El esquema, adelantó, tendrá continuidad en 2027 con una asignación inicial de otros 200 millones de pesos.
La administración estatal sostiene que el proceso de modernización no responde a un objetivo recaudatorio. Armenta señaló que el gobierno renunció a ingresos formales por 150 millones de pesos para priorizar la renovación del servicio.
El mandatario también aseguró que, hasta ahora, no ha detectado actos de corrupción relacionados con el programa y advirtió que cualquier servidor público que incurra en estas prácticas será sancionado conforme a la ley. “Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, afirmó, al tiempo que llamó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades.
El nuevo esquema coloca así en un mismo proceso la planeación de nuevas rutas, la asignación de concesiones y la sustitución de unidades. La apuesta del gobierno estatal es que el crecimiento de la oferta de transporte responda a necesidades identificadas técnicamente, mientras los vehículos que ya concluyan su vigencia sean retirados o sustituidos con acompañamiento financiero de la autoridad.
