Con el propósito de mejorar la seguridad vial y atender una creciente preocupación ciudadana, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que establece nuevas reglas para el uso de motocicletas. La iniciativa se concretó durante el Tercer Periodo Ordinario y contó con respaldo unánime de las distintas fuerzas políticas.
La medida introduce cambios sustanciales al marco normativo vigente, con el objetivo de reducir riesgos en el tránsito y fortalecer las capacidades operativas de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad vial. Entre las disposiciones aprobadas destacan la obligatoriedad de aplicar exámenes de habilidades para obtener la licencia de manejo, la regulación del número de pasajeros por motocicleta y la exigencia de circular exclusivamente dentro de los carriles señalados.
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, explicó que la reforma fue impulsada tras el análisis de datos que relacionan la comisión de ciertos delitos con el uso de motocicletas, por lo que era urgente ofrecer una respuesta legislativa enfocada en la prevención.
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“La seguridad pública no solo pasa por más vigilancia, sino por reglas claras y mecanismos efectivos que ordenen la movilidad”, subrayó la legisladora durante una entrevista posterior a la votación. Añadió que estas nuevas disposiciones buscan equilibrar el derecho a la movilidad con el deber de proteger la integridad de todos los actores viales, en especial peatones y motociclistas.
García Chávez también destacó que este tipo de reformas reflejan la capacidad del Poder Legislativo para responder a las inquietudes sociales y construir soluciones desde el diálogo. “Cada norma que se aprueba tiene impacto en la vida de miles de personas. Por eso nuestro compromiso es legislar con responsabilidad y sentido social”, señaló.
Las motocicletas representan un medio de transporte fundamental para miles de personas en Puebla, especialmente en zonas con menor acceso a rutas de transporte público. Por ello, se priorizó una reforma que no criminaliza su uso, sino que establece medidas mínimas de control para garantizar una movilidad más ordenada y segura.
La implementación de esta reforma queda ahora en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán generar los mecanismos de aplicación, vigilancia y concientización para asegurar su efectividad en el corto y mediano plazo.
