La electrificación del transporte público no sólo representa una apuesta tecnológica, sino un acto de justicia social en un país donde el 80 % de la población vive en ciudades. Así lo expresaron especialistas en movilidad y medio ambiente durante la mesa “Descarbonización del transporte rumbo al 2050”, organizada por Iniciativa Climática de México (ICM) en el marco de México por el Clima: Semana de Acción.
Los participantes coincidieron en que México cuenta con las condiciones para convertirse en líder regional en movilidad eléctrica, siempre que exista una colaboración efectiva entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. De acuerdo con sus estimaciones, el país requeriría una inversión cercana a 1,080 millones de pesos para electrificar la flota de transporte público de las 94 ciudades más importantes del país.
“México tiene todo para posicionarse como referente en la electrificación del transporte, y desde la presidencia de la República se reconoce su relevancia”, sostuvo Andrés Flores, director de Política Energética de ICM, en referencia a los esfuerzos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), renovar la flota de autobuses urbanos y suburbanos es una acción urgente para avanzar hacia la descarbonización del sector. “Un programa nacional de renovación de flota sería la base para reducir emisiones y mejorar la calidad del transporte público”, enfatizó.
Por su parte, Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, advirtió que la transición hacia un transporte cero emisiones “no depende solo de la tecnología, sino de transformar el modelo económico”. Subrayó que el mayor desafío se concentra en el transporte público urbano y de carga, sectores donde se cruzan las emisiones y las desigualdades sociales.
“En un país donde el 80 % de la población vive en ciudades, la movilidad eléctrica debe concebirse como una política de bienestar y justicia social”, recalcó Studer.
Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de POLEA, añadió que lograr una transición justa requerirá inversiones orientadas a mejorar el servicio para los usuarios del transporte público, garantizar la accesibilidad universal y la seguridad vial, y reducir los impactos de la contaminación en las comunidades más afectadas. “La descarbonización debe politizarse positivamente, con resultados visibles y verificables”, apuntó.
Desde el sector privado, Killian Dorier, gerente internacional senior para Transporte de Climate Group, destacó la necesidad de crear incentivos fiscales que impulsen la producción nacional de vehículos eléctricos.
“Poner reglas claras que favorezcan la oferta en las empresas privadas es una forma de que el gobierno y las empresas dialoguen y encuentren soluciones comunes para el cambio climático”, señaló.
Los especialistas llamaron a implementar medidas inmediatas, entre ellas detener la importación de vehículos usados, eliminar gradualmente el diésel, y reorientar los subsidios a los combustibles fósiles hacia la electromovilidad. También pidieron una mayor coordinación interinstitucional entre SEMARNAT, SEDATU, SICT y Secretaría de Salud, para consolidar una política nacional que coloque a la movilidad eléctrica en el centro del bienestar urbano y ambiental.
