El Congreso de Sonora aprobó un paquete de reformas a la Ley 177 de Transporte, orientado a modernizar el sistema estatal, elevar la seguridad para las personas usuarias y promover la adopción de tecnologías más limpias. La actualización normativa busca fortalecer la inversión en unidades sustentables, profesionalizar el servicio y dar mayor certeza jurídica a los concesionarios.
Uno de los cambios centrales es la ampliación de la vigencia de las concesiones, que ahora podrá ser de hasta 15 años para unidades que operen con gas natural o tecnologías híbridas, y hasta 20 años para vehículos totalmente eléctricos. Con ello, el Congreso reconoce la mayor vida útil y los altos costos de inversión de esta clase de flotas.
La ley también establece nuevas categorías de vida útil para los vehículos (Tipo A y B), priorizando que solo las unidades más modernas puedan acceder a tarifas diferenciadas y subsidios. Esta medida busca incentivar la renovación de flotas urbanas, suburbanas, especiales y agrícolas.
Entre las disposiciones financieras y operativas, se incorpora formalmente el modelo de pago por kilómetro, supervisado por el Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes), lo que brindará mayor estabilidad financiera a los prestadores del servicio. Asimismo, se amplían los plazos para adjudicar concesiones hasta por 12 meses y se flexibilizan los requisitos para acreditar la tenencia legal de vehículos de carga, con el fin de no afectar a quienes utilizan sus unidades para trabajo cotidiano.
Las reformas también regulan el transporte de personal no lucrativo y fortalecen la capacidad operativa del Imtes, que ahora recibe nuevas atribuciones para supervisar el servicio. Además, se incorpora el Artículo 104 BIS, que endurece los requisitos para obtener o renovar licencias de operadores, buscando mejorar la calidad y seguridad del transporte en beneficio de la población.
Las autoridades estatales señalaron que estas modificaciones responden a problemáticas como cobros indebidos, unidades irregulares y vehículos con vida útil vencida, factores que han deteriorado el servicio en los últimos años. Enfatizaron que la prioridad es garantizar un transporte eficiente, incluyente y seguro, especialmente para personas con discapacidad, mujeres y usuarios vulnerables.
De manera paralela, se informó que continúa la regularización de concesiones, la depuración de expedientes, la supervisión del padrón vehicular y la integración diaria de órdenes de pago. En materia de plataformas digitales, iniciará el registro obligatorio de empresas y operadores, además de acciones para reforzar la señalización y los sistemas de pago electrónicos.
El Congreso destacó que la actualización de la Ley 177 es un paso decisivo hacia un modelo de movilidad ordenado, moderno y sostenible, con reglas claras tanto para las autoridades como para quienes brindan el servicio y lo utilizan.
